Desde la década de los años 2000 comenzaron a circular filtraciones a la opinión pública, con videos e imágenes de personas que se dedican profesionalmente a la política y que reciben cuantiosas cantidades de dinero en sobornos, pero también para el financiamiento ilegal de campañas políticas.Esta serie de filtraciones y revelaciones han contribuido enormemente a profundizar el descontento ciudadano con la democracia, y a que México sea el país de América Latina (junto con Venezuela), en que mayor descontento expresa su ciudadanía respecto de la calidad y utilidad de la misma. Esas bolsas y maletas repletas de dinero constituyen veneno puro en contra del orden institucional; subvierten las reglas de equidad, legalidad y honestidad que deben guiar a la competencia democrática, y revelan el carácter sistémico de un régimen de corrupción.Ese carácter sistémico se expresa tanto en la participación reiterada de la clase política en actos de corrupción, como en las alianzas soterradas con grupos del crimen organizado, que han penetrado policías, fiscalías, gobiernos estatales; y por las acusaciones que se han hecho formalmente en los Estados Unidos de América contra del ex Secretario de Seguridad Pública Federal (2006-2012), parece que el poder corruptor ha llegado a las más altas esferas del poder político.Por otra parte, son igualmente delicadas y graves las acciones de una parte del Sector Privado que ha participado de estas componendas; porque si lo que se ha documentado tiene montos millonarios, es válido pensar que hay mucho más aún en las sombras o respecto de lo cual no hay registro gráfico conocido. En esa lógica, es necesario pensar en cómo y mediante cuáles mecanismos se logra, en primer lugar, transformar en efectivo -para no dejar huella fiscal”- el dinero que se entrega a los políticos; y luego cómo ese dinero entra nuevamente a la economía formal.En todo esto, lo que debe comprenderse es que la discusión pública no puede reducirse al absurdo de comparar sumas entregadas, o incluso, la intención y los fines de las mismas, como si robar menos, como el alcalde que afirmó “robar, pero poquito”, o como si pensar que el fin justifica los medios alcanzara para distinguir a quién efectivamente puede acusarse o no de corrupción.Así las cosas, lo que debemos ser capaces de desmontar es todo un entramado y sistema de reglas paralelas a las formalmente establecidas en la Ley, y con base en las cuales pareciera que es como operan real y efectivamente las maquinarias político-electorales de todos los grupos que disputan “legalmente” el poder.Hay que subrayar entonces, que lo que viaja en esas bolsas y maletas no es solo dinero; es el poder que subvierte el orden constitucional y tuerce al Estado de derecho. Es la gangrena que pudre al sistema institucional y que dinamita la posibilidad de construir una democracia como estilo de vida.Por ello es importante subrayar lo hasta aquí dicho y mostrar el daño que le han hecho al sistema democrático institucional todas y todos quienes han participado de hechos tan reprobables.Frente al proceso electoral de 2021 la pregunta que surge es, ¿cuántas maletas más están ya en camino o preparándose para garantizar o buscar el triunfo de candidatos y candidatas que garantizan la protección o ventaja para determinados grupos? ¿Cuántas bolsas más y cuántos videos más estaremos viendo en los meses por venir?De acuerdo con el Inegi, en el 2019, los partidos políticos obtenían una calificación de “confianza institucional”, de 3.8 puntos, en una escala de 1 a 10; las Cámaras de Diputados y Senadores obtuvieron un 4.3; los gobiernos estatales fueron valorados con un 4.9; los gobiernos municipales y los servidores públicos en general con 5.1; mientras que el Gobierno federal obtuvo 5.6 puntos.No hay democracia que pueda arraigarse y pervivir con esos indicadores; debemos aspirar por el contrario a una democracia que responsa a los valores y principios de la honestidad, la transparencia, la legalidad y la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida pública.
