El Rancho de La Vega salió del radar de la atención pública y de las fiscalías estatal y federal desde la primera semana de febrero. Hoy se vuelve a poner al nivel del Rancho Izaguirre por el nexo hecho, entre uno y otro, por la Fiscalía General de la República (FGR) al asegurar que en la finca de La Vega, el alcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía Santiago, participó en rituales y sesiones de “violencia extrema” donde a los jóvenes reclutados los obligaban a comer carne humana y a elaborar droga.De esto nada dijo la FGR luego del operativo federal del 29 de enero que hizo junto con personal del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en ese rancho de la comunidad de La Vega, a siete kilómetros del Rancho Izaguirre, y que consideraron también un campo de entrenamiento criminal en el que detuvieron a 36 hombres y dos mujeres.A diferencia del Rancho Izaguirre, donde la Guardia Nacional detuvo el 18 de septiembre a 10 hombres por tener a una persona muerta y a otra privada de su libertad, y al que según la FGR acudió 15 o 20 días antes el alcalde de Teuchitlán junto con “El Lastra”, operador del cártel Nueva Generación, el Rancho de La Vega nunca estuvo en manos de la Fiscalía de Jalisco.De hecho, las más recientes diligencias de la FGR en esta finca regresaron, por tierra y aire, hasta mes y medio después, luego de que los primeros días de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró centenas de mochilas, prendas de ropa y zapatos, que hicieron que a nivel internacional se hablara del Rancho Izaguirre como un campo de exterminio.Por eso la pregunta sigue siendo qué encontraron en el Rancho Izaguirre que hizo que los investigadores de la FGR regresaran al Rancho de La Vega, luego de que nunca explicaron cómo llegaron las dos mujeres y 36 hombres rescatados ahí a fines de enero. Porque habrá que recordar que sólo siete eran originarios de Jalisco y ninguno de la Región Valles. Una de las mujeres era de Tomatlán, tres de Guadalajara y uno de Tlaquepaque, Tototlán y Cihuatlán, respectivamente. El resto eran de 11 estados de la República: 15 del Estado de México; tres de la Ciudad de México; tres de Tabasco; dos de Veracruz; dos de Michoacán y uno de Hidalgo, Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, respectivamente.Excepto uno que quedó detenido, todos los demás fueron liberados por considerar que habían sido reclutados por la fuerza. En su momento, al referirse al tema, el propio gobernador Pablo Lemus comentó que muchos de ellos habían sido citados en la central camionera de Tlaquepaque con falsas promesas de empleo.Saber qué reportó la FGR de lo declarado por los liberados, por el detenido y por lo encontrado en el Rancho de La Vega se vuelve ya también indispensable para esclarecer el caso Izaguirre-La Vega.
