Durante el virreinato español las leyes de Indias establecieron un recurso jurídico de evaluación al desempeño que se llamó “juicio de residencia” aplicable a quienes habían ejercido el cargo de virreyes en los diversos virreinatos americanos y orientales, así como a otras funciones.Otorgar un cargo de tanta importancia a un funcionario que habría de ejercerlo a una distancia que no se establecía en kilómetros sino en semanas y meses, exigía de recursos jurídicos que advirtiesen al empleado acerca de su responsabilidad y en particular, al hecho de que todo cuanto hiciera o dejara de hacer sería valorado con consecuencias.Una tal medida dejó de aplicarse en México apenas se conquistó la independencia. Ahora los nuevos reyes, que en la práctica así se han asumido todos los gobernantes de este país, en lugar de enfrentar un juicio de residencia gozaban de un fuero, y sobre todo, del poder de dejar en su lugar, cunado su periodo concluyera, personas capaces de cubrirle las espaldas, agradecidas por el regalo, y deseosas de obtener la misma protección.Un gobernante en el México actual sabe que su tarea es grave, compleja y difícil no por la tarea propia y directa que le compete, y que con tanta frecuencia descuida, sino por todo ese mundo extra oficial, fáctico, eventual o circunstancial que rodea el ejercicio del poder y al que atiende con mucha mayor atención. Por lo mismo un juicio de residencia sería impensable, mientras que el fuero favorece ampliamente su movilidad dentro y fuera del orden establecido.La inercia histórica a su vez ha acostumbrado a la sociedad a no pedir cuentas ni resultados. Si por curiosidad hiciéramos ahora un repaso a todos los discursos que hace seis años los candidatos triunfantes a la presidencia o gubernatura hicieron, junto con todo lo que ofrecieron los candidatos igualmente triunfantes a las alcaldías, y lo confrontáramos con los resultados concretos obtenidos tres o seis años después tendríamos un panorama muy objetivo de lo que significa en México gobernar sin consecuencias.Hace seis años el candidato tricolor a la presidencia prometió, por ejemplo, un Michoacán en paz. Hay que ir a Michoacán para advertir que la paz prometida fue simplemente silenciar lo más posible la guerra permanente que en ese vecino estado se vive hasta el presente. Se prometieron igualmente cosas tan deseables como la prosperidad y las reformas “que el país necesita”, y ¿cuál ha sido el resultado? Analicemos ahora lo que prometieron en Jalisco tanto el gobernador como los alcaldes y confrontémoslo con los hechos.Los partidos por su parte siempre se deslindan de los candidatos que promueven cuando éstos hacen mal las cosas ¿no sería ya el momento de que se les fincara responsabilidad incluso penal a los partidos, cuando sus candidatos ya en el cargo delinquen? El trabajo esencial de los partidos debería ser extenuarse en el análisis de las personas que promueven a las candidaturas, no sólo en el sentido si serán o no capaces de ganar, sino sobre todo si serán capaces de gobernar de tal modo que no contribuyan todavía más al desprestigio del instituto político que los promovió. armando.gon@univa.mx
