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Martes, 25 de Septiembre 2018

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El debate del tercer país seguro

Por: Luis Ernesto Salomón

El debate del tercer país seguro

El debate del tercer país seguro

Hace algunos meses The New York Times publicó una nota informando de la propuesta de Estados Unidos para coordinar la política migratoria y que México se asumiera como “Tercer País Seguro” lo que significa que los solicitantes de asilo en la Unión Americana, que hubiesen pasado por México, no serían aceptados de forma automática y serían remitidos a México en donde podrían tener la condición de potencial refugiado.

A raíz de la visita de la delegación de funcionarios de los Estados Unidos a México el pasado viernes el debate con respecto a si México debe aceptar esta condición se ha recrudecido.

El mecanismo de Tercer País seguro consiste en la celebración de un acuerdo entre dos naciones mediante el cual se hace un reconocimiento mutuo de la calidad de tercer país seguro y como consecuencia los migrante que busquen refugio en alguno de los países firmantes deberán solicitarlo en el primero de estos al que tengan acceso. La legislación de los Estados Unidos prevé la figura y, de hecho, la tienen vigente con Canadá. Las normas mexicanas no prevén el caso. La propuesta tendría implicaciones sociales muy importantes: primero el hecho potencial de que cientos de miles de centroamericanos podrían solicitar refugio en México, lo que supondría una presión y al mismo tiempo la oportunidad de refrendar la posición de apertura en materia de asilo que tradicionalmente ha tenido nuestro país. Supone también un costo para atender administrativamente los casos, para deportar en caso necesario y para atender necesidades urgentes de los solicitantes. Amén de que las personas favorecidas se integrarían a la vida formal y al empleo en México. Los detractores del acuerdo argumentan que las personas de hecho estarían siendo obligadas a refugiarse aquí lo que supondría una restricción a su libertad. Quienes apoyan argumentan que las personas favorecerían la vida comunitaria y productiva, mostrando una actitud de apertura política; además que el mecanismo permite tener un registro legal de personas extranjeras en México lo que haría bajar dramáticamente los casos de inmigrantes ilegales. Los factores ideológicos y la visión de levantar barreras también impactan el debate porque desde la perspectiva cerrada de un nacionalismo se ve a los posibles inmigrados como una amenaza contra los mexicanos.

Llama la atención que muchos que se consideran liberales de izquierda están argumentando en contra de la apertura y que personas de corte conservador están a favor. El hecho de que el acuerdo se hiciera con Estados Unidos dadas las asimetrías y las posiciones que luchan contra la hegemonía del Norte empujan en contra. La cantidad de personas que llegan a México procedentes de Centroamérica ha aumentado en los últimos años y requiere tomar medidas efectivas para enfrentar un problema. El asunto se convierte en oportunidad para la nueva administración para refrendar una posición de apertura y lanzarse a tomar la iniciativa si el acuerdo de Tercer País seguro establece excepciones suficientes que favorezcan a menores, o personas que tienen familiares directos en Estados Unidos. Esperemos que en las propuestas de acuerdo que se enviaron, como en la posición formal del actual Gobierno se aborden con una perspectiva positiva para el respeto de los derechos fundamentales de los centroamericanos que llegan a México, que son al fin de cuentas la parte más frágil de la cadena. México debe tener los brazos abiertos a pesar de las limitaciones que representan las condiciones actuales. Es un imperativo social, moral y político. La cuestión es acordar medidas posibles, convenientes de forma inteligente.

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