El 2019 será, como ha sido en el pasado reciente, un mal año para la libertad de Prensa en México.De hecho, para la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) ha sido el “peor año” para la Libertad de Expresión con los 15 reporteros asesinados hasta noviembre pasado, y las más de 250 agresiones a comunicadores.Aunque es la más grave, la violencia no es la única amenaza para el ejercicio periodístico en México y para el cumplimiento del derecho a la información de los ciudadanos.A la creciente violencia en contra de periodistas y la pauperización de sus condiciones laborales, se ha sumado una nueva amenaza: la corrupción en el Poder Judicial de jueces y magistrados que actúan por consigna en contra de periodistas para intimidar y evitar publicaciones incómodas para actores de la clase política y gubernamental, así como de grupos fácticos.De esta última amenaza se registró este año un caso paradigmático en Jalisco con lo que le sucedió al prestigiado periodista y columnista Pedro Mellado, a quien le cayó la carga de todo el poder perverso de los grupos políticos y de interés del Estado, a los que en su larga trayectoria ha cuestionado.Con una reputación intachable labrada en 45 años de ejercicio periodístico, y valiente como es, Mellado emprendió una ejemplar defensa legal hace tres años por una acusación por presunto daño moral que hizo en su contra el ex diputado del Partido Verde, Enrique Aubry, y que evidenció el trabajo faccioso del Juez Cuarto de lo Civil, Manuel Edgardo Servín Orozco, quien fue el primero en dar la razón al acusador en un claro atentado a la Libertad de Prensa, y luego los magistrados locales Luis Enrique Villanueva, José de Jesús Covarrubias y Héctor Delfino León, que respaldaron el fallo inicial del Juez, a quienes les anuló su resolución tendenciosa la justicia federal.Mellado refrendó así su verticalidad a toda prueba y finalmente ganó la batalla legal.Pero aquí lo grave es que hasta ahora el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco, no haya respondido a la petición del Comité de Participación Social del Sistema Estatal de Corrupción de investigar el actuar de los juzgadores y ver si no les aplica lo estipulado en el Capítulo X sobre los Delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público, que se plantean en el Artículo 154 que establece que se impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de treinta a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a los servidores públicos que incurran, por ejemplo, en lo que dicta la Fracción XI de “dictar u omitir una resolución de trámite o de fondo o una sentencia definitiva, con violación de algún precepto terminante de la ley o manifiestamente contraria a las constancias de autos, cuando se obre por motivos injustificados y no por simple error de opinión”.La petición registrada formalmente el 20 de mayo del 2019 por el Consejo de la Judicatura, nunca tuvo un seguimiento. No hay hasta hoy resultados ni deslinde de responsabilidades de la actuación de los jueces ni magistrados involucrados. La impunidad es absoluta. El caso está, como muchos otros, archivado en los sótanos de la complicidad y la simulación. El CPS tampoco ha alzado la voz para denunciar que el Caso Mellado esta impune. Mala señal.jbarrera4r@gmail.com
