Érase una vez un bello Estado, bendecido por el tequila, los murales de Orozco y las playas que todavía no ha privatizado el compadre de algún funcionario. Un Estado que, con la mano en el pecho y la otra en la nómina, juraba estar comprometido con erradicar la corrupción. Y como aquí todo se resuelve creando más oficinas, la solución fue casi poética: inventar un Sistema Estatal Anticorrupción.La idea era, en apariencia, brillante: reunir en una misma mesa a autoridades estatales y municipales, sociedad civil, academia y sector privado, para acabar con el agandalle, el nepotismo y las otras mil cabezas del monstruo que devora el presupuesto público. Un dream team contra la transa institucionalizada.Pero claro, ningún caballero de brillante armadura puede enfrentarse a la impunidad sin un buen escudo de billetes ni una afilada espada de cargos. Así, nacieron el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva. Nombres rimbombantes, estructuras complejas y promesas más largas que cualquier fila en el IMSS.Este año, toda esta noble maquinaria cuesta 47.3 millones de pesos. Una cantidad que podría parecer modesta… hasta que uno se entera de que equivale, por ejemplo, a pagar el sueldo de 54 “asesoras técnicas” con más contactos que méritos, más apellidos que credenciales, más lealtades políticas que experiencia.La misión de este aparato es tan clara como ignorada: detectar, desactivar y castigar la corrupción. ¿Y en qué se nos ha ido el dinero este año? ¿En capacitaciones? ¿En investigaciones? ¿En señalar lo evidente? No. Ni un peso se usó para evidenciar el caso de Elizabeth Castro, la conductora aviadora del SIAPA que cobraba sin trabajar, felizmente “comisionada”. Una palabra que en Jalisco ya significa que está de vacaciones con sueldo.Lo peor es que tampoco se usará para identificar a los otros cientos de aviadores que sobrevuelan las dependencias públicas como enjambres invisibles. No se rastrearán las redes de coyotaje que cobran por trámites gratuitos. No se auditará a los funcionarios que desvían recursos públicos a empresas fantasma o, de plano, a sus cuentas bancarias. El Sistema Anticorrupción no se meterá con ellos. Sería como escupir hacia arriba en un cuarto sin techo.En teoría, el Sistema debería funcionar como un muro de contención contra los excesos del poder. Pero en la práctica es un espejo que sólo refleja lo que quiere ver: una administración impoluta, sin irregularidades, sin responsabilidad alguna. Ignora el nepotismo, las licitaciones amañadas, los sobornos en sobres amarillos, el uso electorero de programas sociales y los sobreprecios de obras públicas que, casualmente, siempre benefician al mismo puñado de contratistas.Combatir la corrupción en Jalisco es como enfrentar un incendio construyendo una oficina para estudiar el fuego. Creamos en 2017 una trinchera contra el cinismo, y la llenamos de cínicos. Le dimos presupuesto a una cruzada moral, pero olvidamos dotarla de voluntad. Le dimos nombre y estatutos, pero le prohibimos tocar al poder real.Y así, entre sesiones, diagnósticos, formatos y discursos reciclados, el Sistema Estatal Anticorrupción terminó pareciéndose mucho a lo que se propuso erradicar: un elefante blanco que aprendió a bailar al ritmo de la impunidad, sin pisarla.Todo, mientras sus integrantes cobran como si fueran diputados. O como si en verdad trabajaran.isaac.deloza@informador.com.mx
