Hace cinco años, Jalisco estuvo a punto de padecer su propia tragedia tipo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, suceso que significó el inicio del declive del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en septiembre de 2014.Eso no lo digo yo. Así lo consideró el propio Enrique Alfaro, entonces gobernador de Jalisco, cuando trató de justificar y deslindarse de uno de los mayores atropellos y abusos policiales de agentes de la Fiscalía estatal en contra de jóvenes hombres y mujeres que fueron golpeados y privados ilegalmente de su libertad un día 5 de junio, como hoy, pero de 2020.Fue el llamado “Halconazo tapatío”, por la similitud con la que policías investigadores de la Fiscalía jalisciense golpearon y sometieron a palos a las y los jóvenes, como lo hizo el grupo paramilitar “Los Halcones” al servicio del Gobierno de Luis Echeverría en el conocido como Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, para reprimir una manifestación estudiantil.Aquel desplante autoritario y represivo de la administración alfarista vino luego de la protesta civil por la brutalidad de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, que asesinó a Giovanni López y que degeneró en inadmisibles ataques a la policía y actos vandálicos como la quema de patrullas y daños al Palacio de Gobierno. Lo peor fue que, desde el Gobierno, ordenaron toda una serie de detenciones ilegales que provocaron una nueva movilización al día siguiente, en la que se dio el “Halconazo tapatío”.Antes se había dado el momento de mayor confrontación entre la autoridad estatal y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que Alfaro acusó que la marcha por Giovanni había sido infiltrada desde los sótanos del poder de la Ciudad de México para desestabilizar su Gobierno.En medio de esa tensión y crisis política, al día siguiente, elementos de la Fiscalía estatal sofocaron violentamente una manifestación que se haría a las afueras de la Base 14, en la Zona Industrial de Guadalajara, sometiendo a palazos a quienes se dirigían a la protesta. Después los subían a la fuerza a camionetas cerradas, sin ventanas, para llevarlos a sus separos, donde los metieron a jaulas para ser violentados física y psicológicamente. En unas cuantas horas, todas aquellas tropelías eran un escándalo, por lo que se dio la indicación de que fueran liberados sin sus teléfonos y a las orillas de la ciudad.Luego de aquel conflictivo fin de semana de junio, Alfaro solo atinó a decir que quien había dado las órdenes de atacar a las y los jóvenes había sido la delincuencia organizada que estaba infiltrada en la Fiscalía de su Gobierno, y que por eso tuvo temor de que aquella tarde-noche sabatina de represión se hubiera convertido en un nuevo caso Ayotzinapa en Jalisco, desapareciendo y dando muerte a los jóvenes detenidos.Lo más preocupante es que, cinco años después, el actual Gobierno estatal de Pablo Lemus recibió la peor Fiscalía estatal, con mucho, con el mayor rezago, que supera el medio millón de expedientes, y sin que nunca su antecesor hubiera aclarado si esa dependencia dejó de ser controlada por los mafiosos.jbarrera4r@gmail.com
