El sueño del mexicano es vivir en un país gobernado por el Estado de derecho, en donde se respeten y cumplan las leyes, en donde se castigue al infractor. Pero, desgraciadamente, el ser humano, dotado de libre albedrío, consciente o inconscientemente infringe las leyes. La primera vez, quizá por descuido, negligencia o apatía; pero si no recibe castigo alguno, puede caer fácilmente en la mala costumbre de violar las leyes como una forma de vida habitual. Desde el que soborna a un agente vial, el que instala un “diablito” para robase la energía eléctrica, hasta el que comparte sus ganancias de contratos con el sector público, coludiéndose con los funcionarios respectivos. El ser humano es honrado, hasta que quiere dejar de serlo, hasta que puede dejar de serlo o, hasta que le dan la oportunidad de no serlo. El castigo es lo único que puede inhibirlo para delinquir.En México tenemos leyes para todo, bueno, casi para todo, después de 100 años de nuestra Constitución Política, en la que se otorgó a los estados y municipios la libertad para administrar libremente su hacienda, se está legislando para obligarlos a respetar una disciplina financiera mediante la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios que entró en vigor en este año, esto es 100 años después de haberles otorgado la libertad de administrar sus recursos. ¿Por qué esa demora? ¿Por qué nos esperamos más de 100 años para que estados y municipios saquearan las arcas públicas, cuyos fondos fueron aportados por los ciudadanos? Tratando de encontrar respuestas, suponemos que la principal causa es porque las formas de allegarse de recursos fueron cambiando paulatinamente mediante la mejor eficiencia en la recaudación de impuestos y derechos, hasta la facilidad de endeudarse sin más límite que la deficiente función calificadora de las agencias financieras.La Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios entró en vigor el día primero de enero de 2017, excepto algunos artículos que entrarán en fechas posteriores; aunque ya existían diversas leyes que de alguna manera limitaban el dispendio de los fondos públicos, fueron insuficientes para controlar el saqueo inaudito a que hemos llegado; tales fueron la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Deuda Pública y Ley General de Contabilidad Gubernamental.En efecto, nunca se había visto tal cantidad de gobernadores acusados de sustraer los fondos públicos en su beneficio y en la cuantía que lo hicieron de miles de millones de pesos, cuyo monto total aún no se determina. Hay organismos empresariales como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) que podrían encargarse de cuantificar el monto de los fondos públicos desviados en lo que va de este sexenio, de los que están acusados los gobernantes de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Aguascalientes, Veracruz, Tabasco y Michoacán.Esperamos que esta nueva ley financiera que delimita y regula la disciplina en el uso de los fondos públicos, regule el monto de los endeudamientos y obligue a elaborar informes y estados financieros fidedignos para estar al pendiente de que no se sobrepasen y actuar con rapidez, en tiempo real, para frenar, destituir y en su caso, castigar severamente a los responsables.
