Viernes, 14 de Junio 2024

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La desaparición como “estrategia” de seguridad

Por: Diego Petersen

La desaparición como “estrategia” de seguridad

La desaparición como “estrategia” de seguridad

E

l estudio de International Crisis Group (ICG), que narra el asesinato y posterior desaparición de 400 personas presuntamente miembros del Cártel Nueva Generación a manos del Ejército mexicano en alianza con grupos criminales de Michoacán, pone de nuevo sobre la mesa un tema tan delicado como terrible: hasta dónde la desaparición de personas es tolerada, promovida o incluso perpetrada por las fuerzas del Estado mexicano.

ICG no es un grupo espontáneo o un membrete, es una organización que nació tras las catástrofes humanitarias de Somalia, Bosnia y Ruanda, que trabaja en los países donde hay elementos que se pueden caracterizar como guerra civil y cuyo objetivo es generar información que permita evitar crisis humanitarias.

Los desaparecidos no existen en los números oficiales. El Inegi, que lleva la estadística de defunciones, no cuenta a los desaparecidos. Fue gracias a Karla Quintana, en el tiempo en que Alejandro Encinas fue subsecretario de Gobernación, que se creó el primer registro nacional de desaparecidos y se construyó una base de datos única. Al Presidente López Obrador no le gustó que contaran a las víctimas de este delito, menos que evidenciaran que cada año de su mandato el número de personas desaparecidas aumentaba y, peor aún, que en su periodo eran más las víctimas de desaparición que en cualquier otro momento de la historia. Corrieron a Quintana, hicieron a un lado a Encinas y entre Adán Augusto López y Luisa María Alcalde rasuraron el padrón de desaparecidos para darle gusto al jefe. 

Una parte importante de las desapariciones, los desaparecidos que están vivos, tiene que ver con trata de personas, sea para prostitución o trabajo forzado en el crimen organizado. Los otros, quizá la mayoría, son víctimas del enfrentamiento entre bandas, consumidores desechables o producto de la estrategia de “pacificación” del Gobierno federal o de gobiernos locales que le encargan a “la plaza” el orden y la seguridad. Estos últimos son crímenes de Estado que deben ser investigados y tratados como tal.

Si la falta de resultados no les parece una buena razón para regresar al Ejército a los cuarteles, evidencias como las mostradas por ICG deberían alertarnos sobre el derrotero de nuestra seguridad. Da igual quién sea el jefe supremo, es decir el Presidente, Calderón, Peña Nieto o López Obrador, las Fuerzas Armadas actuarán siempre con lógica de guerra. La estrategia de las Fuerzas Armadas en tiempos de Calderón de aliarse con el Cártel del Golfo para combatir a los Zetas no es distinta a la que realizaron es este sexenio en los límites de Jalisco y Michoacán.

Una estrategia de seguridad que no pasa por la justicia, sino por la estadística; que no construye paz, sino que administra la fuerza (que es lo que hacen y saben hacer las Fuerzas Armadas), es interminable y no lleva a ningún lado. Como dijo uno de los líderes de plaza citados en el estudio de ICG, “relleno humano siempre hay”, jóvenes que son la carne de cañón del Ejército o de los grupos criminales.

(Vale la pena revisar el documento completo de ICG en https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/mexico/106-generals-labyrinth-crime-and-military-mexico. Hay versión en inglés y en español.)

diego.petersen@informador.com.mx
 

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