Después de poco más de un mes de haber atraído el caso del Rancho Izaguirre, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, apareció en una rueda de prensa donde dijo lo que ya sabíamos y lo que ya sabíamos que iba a decir: que era un campo de entrenamiento; que no era un crematorio y que el Gobierno federal no tiene culpa ni responsabilidad alguna en lo que ahí sucedió y sucede, como si Teuchitlán fuera otro país y el Gobierno de Jalisco fuera realmente soberano.Las preocupaciones del Fiscal y del Gobierno federal no son entender lo que pasa en los campos de entrenamiento y el control que tiene el crimen organizado en esta zona del país, sino descartar cualquier posibilidad de que ahí hayan existido hornos crematorios y que la Guardia Nacional salga embarrada. Esa es la narrativa que le importa a la Presidencia de la República y es la que ha repetido el gobernador Lemus para congraciarse con la Presidenta. El fiscal señaló todas las contradicciones de los gobiernos locales, pero nada dijo de que en el informe emitido por la Guardia Nacional ésta afirmó haber hecho un operativo sin disparar un solo tiro, cuando ayer el mismo fiscal dijo que la captura del rancho en septiembre había sido una verdadera batalla. Que nos mienta la Guardia Nacional, como siempre nos ha mentido el Ejército, se da por descontado.La única novedad interesante en la rueda de prensa fueron las fotografías que demostraron que la ropa que encontraron las madres buscadoras no estaba ahí en septiembre. Eso significa que, o bien el crimen organizado siguió usando el predio pese a estar legalmente en manos de la Fiscalía del Estado o que alguien llevó esa ropa después, sin que nadie haya reparado en ello. Por complicidad o por omisión, los responsables de Fiscalía tienen que ser investigados.Más allá de la narrativa sobre lo que sucedía o no en ese rancho específico, las autoridades nos deben una explicación de lo que sucedía y sucede en esa zona del Estado. La administración de Lemus no es responsable de lo que pasó en el sexenio anterior, pero sí lo es de investigar la colusión de funcionarios de las policías y presidentes municipales de la zona y de los miembros de la Fiscalía del Estado con el crimen organizado más allá de lo que diga o haga Gertz. No basta decir que en ese rancho no se cremó a nadie, hay que explicar por qué hay campos de entrenamiento y fosas clandestinas en esa zona (esta semana aparecieron nuevas fosas en San Antonio Matute, a unos kilómetros de Teuchitlán) y detener a los responsables y a sus cómplices políticos.El fiscal Gertz Manero hizo un trabajo político para lavarle la cara al Gobierno federal. Ni a él ni a nadie en el Gobierno de Sheinbaum parece importarles la violencia, los desaparecidos y las madres buscadoras. ¿Le importan al Gobierno del Estado?
