La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pronto enviará al Congreso, convertido de facto en oficina de trámites de los deseos presidenciales, una iniciativa de reforma electoral que será el último clavo en el ataúd de la democracia construida a finales del siglo XX. Si las reformas de septiembre pasado, el conjunto de leyes conocido como el Plan C, fue una regresión democrática, y las que están por aprobarse en el periodo extraordinario de este verano serán una regresión autoritaria, la reforma electoral que plantea la Presidenta, una en la que no hay consejeros que estén en contra del régimen, no hay dinero para vigilar el voto y solo el partido en el poder tiene recursos para competir, será la cereza del pastel para la construcción de un régimen presidencialista y unipersonal.Todas las reformas electorales de las últimas cinco décadas, de la LOPPE (1977) para acá, han sido planteadas desde la oposición y han tenido como fin reconocer la pluralidad, incrementar la competencia electoral y dar certeza al voto. La de Sheinbaum es una reforma electoral planteada desde el poder y para beneficio del poder. Dicho en pocas palabras: el único partido que se beneficia de una ley que reduzca los recursos a los partidos políticos y debilite la autonomía de los órganos electorales reduciendo el presupuesto es el que está en el poder. Se trata de una reforma que transita por dos ejes básicos: debilitar a la ya de por sí debilitada oposición y quitar capacidades al organizador de las elecciones.Anular la representación proporcional en las cámaras, particularmente en la de Diputados, tiene como objetivo reducir la pluralidad y darle al partido en el poder más facilidad para construir mayorías. Se ahorra muy poco reduciendo el número de diputados y nos van a salir mucho más caros los abusos de poder.El objetivo final de la reforma no es abaratar la democracia, es encarecer la alternancia. Independientemente del partido que la promueve, una reforma así solo servirá para perpetuar al partido gobernante. La única ventana, pequeña y de baja o muy baja probabilidad de ocurrencia, es derrotar al partido gobernante en la elección intermedia y que el partido en el poder no alcance el control de la Cámara de Diputados. Con una oposición hecha pedazos y carente de legitimidad, un empresariado temeroso y acomodaticio, y una sociedad civil desarticulada y golpeada por el régimen de la 4T, articular un movimiento en defensa de la democracia se antoja imposible. No está complicado, está complicadísimo, pero la del 2027 será quizá la última elección con reglas más o menos parejas para todos y con algunos controles democráticos al grupo en el poder en años.
