“Mi inconformidad obedece a que, a las 10:0 horas del pasado 19 de diciembre de 2019, mis cuatro hermanos referidos fueron supuestamente privados de su libertad en algún lugar del municipio de Ocotlán, Jalisco y hasta el momento continúan desaparecidos; al parecer por miembros del crimen organizado o de la policía municipal de Ocotlán”. Este es un extracto de la queja interpuesta por una hermana de Oswaldo Javier Ávalos Camarena, José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena y Tonatiuh Ávalos Camarena, desaparecidos por policías municipales de Ocotlán en la fecha indicada. El caso de los hermanos Camarena es uno de los casos paradigmáticos de desaparición forzada cometida por fuerzas de seguridad en Jalisco, especialmente por parte de policías municipales. Por este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la queja 4/22, el 22 de diciembre de 2022 en la que concluyó que hubo evidencias suficientes para probar la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en contra de estos cuatro miembros de una sola familia. Este mismo caso ha sido conocida y denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lamentablemente no es el único episodio en el que se confirma la participación de policías municipales en la comisión de este delito.Apenas la semana pasada se conoció el caso de la familia Luna Ibarra, compuesta por cinco integrantes, quienes fueron privados de la libertad (desaparecidos forzadamente) por un grupo de hombres en los que se contó con la participación de tres policías municipales de Zapopan y un ex integrante de la comisaría del mismo municipio. La familia sufrió la desaparición forzada para cometer un hurto en su domicilio en Zapopan y lamentablemente después cuatro de los cinco miembros fueron asesinados y sus cuerpos arrojados a un barranco del municipio del San Cristóbal de la Barranca. Lamentablemente los casos de desaparición forzada se multiplican. En marzo de 2018 tres ciudadanos italianos (Vincenzo Cimmino, Raffael Russo y Antonio Russo) fueron desaparecidos forzadamente por policías municipales de Tecalitlán. La desaparición forzada está tan extendida que una de cada cuatro corporaciones municipales en Jalisco ha cometido este delito en contra de decenas de ciudadanos. Una revisión a los boletines de prensa emitidas por la Fiscalía General de Jalisco y notas de medios del Estado revelaron que en 31 de los 125 municipios de Jalisco hay casos donde las policías municipales cometieron desapariciones forzadas (Anel Tello, Milenio, 25 julio 2025). La ley define a la desaparición forzada como el “arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado”. Bajo esta definición se puede concluir que este delito es todavía mucho más extendido debido a que muchos reportes de desapariciones cometidas por particulares probablemente ocurrieron con “el apoyo o la aprobación del Estado”, lo que aumentaría los casos en donde agentes o servidores públicos participaron en la comisión de este delito.Todos los casos de desaparición son igualmente graves y condenables. Todos dejan una vida suspendida, una familia en vilo y a una madre rogando por el regreso de sus hijos. Pero es aún más grave y condenable cuando en las desapariciones participan agentes del Estado, en este caso policías municipales a quienes la propia sociedad les paga un sueldo para, irónicamente, proteger sus vidas y su patrimonio. En al menos la cuarta parte de municipios de Jalisco, ocurre todo lo contrario. La práctica de las desapariciones forzadas surgieron en México a mediados del siglo XX como una práctica represiva cometida por los gobiernos autoritarios, privando de la libertad o ejecutando extrajudicialmente, a las personas que consideraba disidentes o enemigos del régimen. La desaparición como repertorio de represión política se extendió y se perfeccionó durante el llamado periodo de la Guerra Sucia (décadas de 1960 a 1980), como quedó plenamente demostrado en los dos informes presentados el año pasado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Lamentablemente ese recurso utilizado como forma de represión política del Estado se ha convertido en una práctica, aumentada y expandida, por parte de las organizaciones criminales para realizar los fines de sus negocios del capitalismo ilegal. La impunidad y las cadenas de complicidades de agentes del Estado con los cárteles de la droga han potenciado la desaparición forzada hasta índices intolerables.
