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Viernes, 16 de Noviembre 2018

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De los cadáveres peregrinos al cadáver en el closet

Por: Jaime Barrera

De los cadáveres peregrinos al cadáver en el closet

De los cadáveres peregrinos al cadáver en el closet

Mes y medio después de que estalló la crisis del tráiler de la muerte, que puso en evidencia el desorden en el que operaba el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el bochornoso caso de los cadáveres peregrinos le resucitó al Gobierno estatal con la denuncia penal que presentó por este tema la propia Contralora General del Estado, Teresa Brito (quien se convirtió ayer en la única funcionaria del gabinete saliente en ser ratificada por el gobernador electo, Enrique Alfaro).

Lo mejor que haya podido hacer el Gobierno estatal para haber sepultado para siempre este episodio que degeneró en un vergonzoso escándalo internacional era, además de corregir el caos en el centro forense estatal para dignificar el manejo de los muertos que reciben y mejorar el trato a los familiares de las víctimas y de los desparecidos, era haber transparentado de inmediato los contratos y los pagos por los tráileres y las cajas frigoríficas que hicieron las veces de morgues extras, ante el incremento de muertes y asesinatos en el Área Metropolitana de Guadalajara. Y por la nueva legislación que obliga a las autoridades a conservar al menos seis meses los cuerpos antes de inhumarlos.

Eso no se hizo pese a que en plena crisis a mediados de septiembre empezaron a circular versiones, que lo que estaba detrás del peregrinar del tráiler con los restos por la ciudad era un simple negocio que se convirtió en un ruidoso sobresalto en plena etapa de cierre de Gobierno de Aristóteles Sandoval.

Lejos de salir a clarificar la contratación de estos servicios, se tomó la decisión de clasificar como reservada esa información sin justificación alguna, lo que aumentó las sospechas de malos manejos. Aún más suspicacias causó la decisión de destruir una de las cajas utilizadas para la transportación de los cadáveres, como si se quisiera desparecer la evidencia o el cuerpo del delito. ¿Quién renta una caja con refrigeración para luego destruirla? Si ya se sabía que habría que deshacerse de esa pieza ¿no era menos dispendioso comprarlas que rentarlas y luego pagar por la destrucción? ¿Quién prefirió aumentar el número de tráileres rentados en vez de buscar dónde inhumarlos, como se hizo tras el escándalo? ¿Quién para mantener el negocio de las rentas prefirió sacar a pasear a los muertos?

Se trata pues de otra mala decisión que suma a la cadena de errores que le provocaron toda una crisis política al Gobierno estatal y que ahora se reaviva con la denuncia por peculado que presentó en la Fiscalía Anticorrupción la Contraloría General del Estado.

La conclusión de Brito es demoledora: “Si no tuvimos la certidumbre de cuál era el pago al proveedor y luego el proveedor nos declara otra serie de situaciones, bueno, entendemos que (...) pudo incidir (...) en la preservación o no de los derechos humanos post mortem de estos individuos”.

Habrá que ver, pues, a quién le hallan este cadáver en su closet.

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