¿Sabían ustedes que en Oaxaca un grupo de seis personas detuvo por 60 días los trabajos del Corredor Transístmico? Esto ocurrió entre febrero y abril de 2023. El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó el 28 de abril que estas personas fueron detenidas. Pertenecen a la comunidad de Mogoñé, agencia de San Juan Guichicovi.La explicación de Romero López es interesante: “Se cumplieron 60 días de bloqueo injustificado por parte de personas que se dicen afectadas, pero no puede haber afectación porque los trabajos no se han realizado, y varias de ellas buscaban una indemnización”.Deja mucho que pensar eso de que los trabajos no se han realizado, porque es una obra que ha contado con casi 26 mil millones de pesos en presupuestos autorizados desde el 2019, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Estas interrupciones podrán ser desconocidas por quienes viven fuera del Istmo, pero han acompañado a esta obra que arrancó en 2019. Hubo 43 bloqueos entre julio de 2019 y diciembre de 2021.Los bloqueos han contribuido a provocar retrasos importantes en esta obra. Corresponden a organizaciones como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte, Corriente del Pueblo Sol Rojo y la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia. Sus peticiones están fundamentalmente relacionadas con tenencia de la tierra y afectaciones a sus propiedades.Desconozco cuáles de las peticiones son justas. Sólo quiero enfatizar la importancia que tienen a nivel local y lo invisibles que son para los que estamos fuera de la zona de obras. Mucho más peligrosa es la presencia del crimen organizado. Se ha hecho presente con amenazas, levantamiento de personal, robo de materiales y presiones a los contratistas para que adquieran material con sobrecostos, según lo documenta un excelente reportaje de la revista Proceso, publicado el año pasado. Se habla del Cártel Nueva Generación y se le ubica principalmente en la parte que corresponde al Estado de Veracruz, desde el municipio de Medias Aguas hasta la frontera con Oaxaca.Los bloqueos y el crimen organizado han provocado retrasos y aumento de costos en la construcción de una de las obras más importantes del sexenio. Estos se calculan entre nueve y 15 meses, pero podrían ser más. ¿Qué son unos meses para una obra que lleva esperando más de un siglo? Dirán ustedes, el corredor se construyó en 1907, en tiempos de Porfirio Díaz. Tuvo menos de una década de auge y luego vino una crisis provocada por la apertura del Canal de Panamá.AMLO anunció en 2018 un presupuesto de 40 mil millones para el proyecto. Se trata de rehabilitar las vías férreas que unen Salina Cruz con Coatzacoalcos; construir una carretera que vaya en esa ruta y crear 10 polos de desarrollo, donde se buscará atraer inversión industrial. El trayecto duraría menos de seis horas y a plena capacidad podrá mover 1.4 millones de contenedores anualmente, un poco más del 10% de lo que mueve el Canal de Panamá. El reto es ser más rápidos y más baratos que ese Canal. En el camino detonará el desarrollo para 79 municipios ubicados en cuatro estados: Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.¿Podrá el Corredor Interoceánico cumplir con las expectativas y romper una “maldición” que lleva más de 100 años? Para conseguirlo, deberá sacudirse la cultura de extorsiones que ha complicado su construcción y puede complicar la operación. Economía de la Extorsión se llama un libro muy provocador que Luis de la Calle publicó en 2020. Se imaginan a las comunidades parando el tren con carga… al crimen organizado cobrando derecho de paso.He mencionado comunidades y grupos criminales. El Gobierno ha sido permisivo a sus acciones en el Istmo, como lo ha sido en otros lados del territorio mexicano. No son los únicos que pueden complicar la operación de un corredor logístico, a través de chantaje, la extorsión u otras presiones. Aquí viene al caso hablar de Ferrosur y su propietario.¿Fue una extorsión lo que Germán Larrea pretendió hacer al negociar “su” pedazo de la vía, cerca de Coatzacoalcos? Hasta ahora sólo tenemos la versión del Presidente y lo que dicen algunas columnas. No conocemos la versión de Larrea. Él optó por el silencio, porque esa es la forma en que se ha manejado. Esta vez no le sirvió. Ha quedado la impresión de que el magnate quiso ordeñar al Gobierno (y a nosotros los contribuyentes) con 9,000 millones de pesos. Salió a relucir el dato de que tiene más de 300 concesiones públicas y también algunos retratos que lo muestran como beneficiario del capitalismo de cuates y como ejemplar de esa Economía de la Extorsión que describe Luis de la Calle. ¿Es así? Si Larrea tiene otros datos y un relato convincente… que cuente su verdad.lmgonzalez@eleconomista.com.mx
