El descubrimiento del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco de más de mil pertenencias personales en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, a principios de marzo de este año, además de colocar en el centro de la discusión nacional la crisis humanitaria de las desapariciones de personas en Jalisco y en México, logró también que se dictara, por fin, un castigo ejemplar a los involucrados en estos crímenes, luego de la inédita sentencia de 141 años a los 10 detenidos en esa finca, capturados en septiembre pasado.De no haber sido por el hallazgo de cientos de pares de zapatos, mochilas, prendas de vestir y otros objetos en esa propiedad, ubicada en la comunidad de La Estanzuela, y por todas las reacciones que desató tanto en el Gobierno de Jalisco como en el Gobierno federal -que lo convirtió en un caso de interés internacional-, nada se habría sabido de esas detenciones, realizadas casi seis meses antes. Lo mismo ha ocurrido con muchos casos similares en otras casas del terror localizadas en Jalisco, incluso dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.Por donde se le vea, es un avance que este caso haya dejado, al menos excepcionalmente, de formar parte de la impunidad absoluta. Sin embargo, los detenidos no cubrirán la sanción económica de más de un millón de pesos cada uno por concepto de reparación del daño a las víctimas, al saberse condenados a cadena perpetua.Por ese motivo no se puede hablar aún de justicia completa. Y tampoco, porque a pesar de estas sentencias históricas, el caso del Rancho Izaguirre no está esclarecido: falta mucho por saber sobre lo que ahí ocurría y sobre sus responsables. También se desconoce la relación con el cercano rancho De La Vega, al que se vincula a raíz de la detención del alcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía Santiago, cuyo hermano y sobrino están ligados a la mayor red de huachicol fiscal del país, a través de una empresa de transporte con sede en ese mismo municipio. Esa conexión abre la incógnita de si estos ranchos, utilizados como centros de adiestramiento criminal y muerte, también están relacionados con el tráfico ilegal de combustibles.Faltan, además, los resultados de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por al menos 14 omisiones que enlistó su titular, Alejandro Gertz Manero, el pasado 19 de marzo. Según afirmó, la Fiscalía estatal de la administración anterior, encabezada por Joaquín Méndez Ruiz, dejó a la deriva y sin investigar el caso del Rancho Izaguirre.También está pendiente la comparecencia ante los juzgados de más de 13 funcionarios de la Fiscalía estatal y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, investigados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Esa audiencia, al igual que la del gabinete de seguridad ante el Congreso local, se ha pospuesto en varias ocasiones.Mucha historia falta por conocerse si realmente se quiere llegar a la verdad de los ranchos del crimen en Teuchitlán, y evitar que esas historias negras se repitan.jbarrera4r@gmail.com
