El ex rector y ahora subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, le echó agua fría al reciente episodio de tensión entre la UdeG y el Gobierno de Jalisco, tras una polémica por temas de obras para mejorar la seguridad afuera de los planteles y la autonomía de la casa de estudios para definir en qué invierte.Luego de un evento convocado por la Universidad Autónoma de Guadalajara, acentuó que estas fricciones son “normales”. Aseguró que la relación entre el gobernador Pablo Lemus y la rectora Karla Planter es “positiva” y enfocada en el bienestar de la red universitaria. ¿Qué tal?Al final, todos apuestan al diálogo, pero cada quien trae su propio guion.¡Cambio de tema, pues!* * *El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco convocó ayer a una nueva rueda de prensa para abordar temas polémicos acumulados.No existieron novedades, pero el coordinador Roberto Alarcón dejó en claro que los temas del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, la inseguridad y las ejecuciones de funcionarios en Teocaltiche, así como los asesinatos de la influencer Valeria Márquez y del priista Luis Armando Córdova, entre otros, no afectan el desarrollo o la imagen de la ciudad con miras al Mundial 2026.Subrayó que en todo el mundo suceden cosas. ¿Les queda claro?* * *Nos cuentan que Pablo Lemus no se anduvo con rodeos y acusó a Imelda Escobedo, presidenta municipal de El Nayar (Nayarit), de violar la soberanía estatal y la autonomía indígena. ¿El motivo? Se apareció sin invitación ni permiso en una comunidad de Mezquitic (Jalisco) con policías y toda la cosa, como si cruzar fronteras estatales fuera un tour político.El gobernador no se guardó nada y calificó la acción como una “invasión”, advirtiendo que, si vuelve a suceder, habrá detenciones. Recordó que existe una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prohíbe precisamente lo que Escobedo hizo. Pero parece que no leyó la letra chiquita… o ninguna.Para rematar, la comunidad wixárika retuvo a la alcaldesa y a su comitiva. Todo terminó en una liberación negociada, tras una mesa de diálogo con los gobiernos de Jalisco, Nayarit y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que llegaron a calmar los ánimos.Por lo pronto, se informará a la Corte para que sancione a la alcaldesa por brincarse la ley.
