Hace poco estuve a punto de entrevistar a un policía investigador del área de homicidios de la Fiscalía del Estado, pero me canceló de último momento y no me respondió más. Yo tenía un auténtico interés en saber cómo es un día en la vida de un agente investigador, cómo priorizan los casos -en promedio cada día se suman seis asesinatos- , qué capacitación reciben, si aprovechan las tecnologías, si tienen posibilidad de ascender… Esas dudas y más me vinieron a la cabeza al conocer la cifra de órdenes de aprehensión por homicidio doloso y culposo pendientes de ejecutar por la Fiscalía del Estado: 3 mil 448 mandamientos judiciales concedidos por un juez para detener a un presunto asesino, según datos que obtuve vía transparencia. En este universo hay órdenes de captura recientes y de hasta veinte años atrás. En mi columna de ayer titulada “Impunitas” hablé de las mil 516 órdenes de arresto por homicidio que cumplimentó la Fiscalía del Estado en este sexenio. Y expliqué cómo esa cifra es apenas el 12.5% del total de asesinatos cometidos en la presente gestión. Les diré algo: la capacidad institucional de la Fiscalía del Estado para localizar, procesar y castigar a los responsables de estos homicidios -ya no digamos de los miles que ni siquiera tienen una orden de captura vigente- es muy poca. Los datos del estudio “Hallazgos desde lo local 2021: Jalisco”, de México Evalúa, revelaron que la Entidad está por debajo de la media nacional en número de policías investigadores, ministerios públicos y peritos. En Jalisco hay mil 284 agentes investigadores, que equivalen a una tasa de 15.9 por cada 100 mil habitantes, 5.1 puntos por debajo de la tasa nacional que es de 21. A la falta de personal y la saturación de trabajo, sumemos que la Fiscalía carece de un servicio civil de carrera. Éste sólo se cumple en los procesos de formación y evaluación en el ingreso, pero una vez contratados, se desvanecen las posibilidades de ascender en el escalafón por méritos propios. Todo queda a criterio y subjetividad de los jefes o las cuotas políticas. La generación de resultados requiere investigaciones basadas en protocolos, uso de tecnología, equipamiento, personal y presupuesto suficiente, capacitación y conocimientos para garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. No sé si lo han pensado, pero creo que la labor de un policía investigador es una de las más delicadas y adversas en el servicio público. Tras el reciente atentado con explosivos en Tlajomulco ahora es una actividad de más alto riesgo. Me pregunto quiénes son esos hombres y mujeres que todos los días salen a la calle a intentar armar las primeras piezas de un rompecabezas cada vez más grande y difícil de entender. Habrá malos elementos, seguramente, pero quiero creer que la mayoría son ejemplares y esforzados. Son la tropa y el primer eslabón en esa larga “tubería procesal” de nuestro sistema de justicia al que le urge mucho más que un arduo trabajo de plomería. jonathan.lomeli@informador.com.mx
