En la edición de ayer de EL INFORMADOR, el tema del día fue el diagnóstico de recepción y las irregularidades que el nuevo director general de Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, asegura que encontró en las cárceles de Jalisco, especialmente en las que conforman el núcleo penitenciario de Puente Grande, las acciones que ha hecho en estos primeros cuatro meses de gestión y otras que pretende implementar para “rescatar” las prisiones estatales en las que viven 13 mil 437 personas privadas de su libertad.Un asunto sin duda crucial para resolver el grave problema de inseguridad y la ola de violencia que padecemos en Jalisco y que no deja de escalar desde principios del 2018. Como se sabe, no se puede aspirar a pacificar una comunidad si sus cárceles están en manos de autogobiernos delincuenciales y la autoridad no retoma su control y permite que sigan siendo fuentes inagotables de dinero que amplía a diario su poder corruptor y de fuego. No por nada el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Alfonso Durazo, aceptó el mes pasado que 50% del crimen organizado opera desde el interior mismo de las prisiones donde reina la corrupción y grupos de presos ligados a las mafias son los que mandan dentro de los reclusorios.Por eso llama la atención, que en lo que hasta ahora ha compartido el funcionario responsable del sistema penitenciario de Jalisco en su diagnóstico y en su balance de 100 días de trabajo, no figure nada que nos diga qué grado de control del autogobierno delincuencial encontró en cada una de las prisiones a su llegada a esa responsabilidad el pasado 6 de diciembre.Basta recordar una de las narcofiestas documentadas que organizaron a su antojo los cárteles que dominan las celdas, que amenizó una banda sinaloense y donde corrió sin límite el licor a principios del sexenio pasado, sin que hasta hoy se haya deslindado responsabilidad alguna de los funcionarios que lo permitieron.Pérez Juárez no ha dicho si estas francachelas se siguen dando o no al interior de las cárceles, si ya recuperaron o no la administración de las tienditas en manos también del autogobierno, entre otros privilegios. Lo que si destaca es que encontró un sistema penitenciario “saqueado” y “abandonado”, donde falta presupuesto, infraestructura, equipamiento, mantenimiento y personal. Como ejemplo, asegura que se cuenta sólo con dos mil 48 custodios, 700 por turno, cuando se requieren al menos 4 mil 500, para tener los mil 500 por turno que se necesitan.Para atacar el problema del hacinamiento, que es sin duda uno de los factores que ayuda al surgimiento de los autogobiernos delincuenciales, Pérez Juárez pretende implementar el sistema de brazaletes, que asegura, ayudaría a bajar un 50% la población penitenciaria, generar ahorros y no “contaminar” a primodelincuentes y reinsertarlos a la sociedad con un empleo.Habrá que ver pues si esta medida se concreta y si la utilizan como instrumento para retomar como Estado el control de las prisiones, hoy en manos de la delincuencia.
