El reciente fallo del IEPC Jalisco, que obliga a los partidos a postular mujeres en municipios donde nunca han gobernado, llega en un momento estratégico: dos años antes de la elección y un año antes de que arranque formalmente el proceso electoral. Esta anticipación no es casualidad; responde a la necesidad institucional de evitar que los partidos sean sorprendidos por el tiempo y de dar margen para sortear la inevitable oleada de recursos legales que, como en cada ciclo, seguirán a la decisión.El calendario político rara vez es inocente. Al establecer los lineamientos con tanta anticipación, el IEPC busca que los partidos no puedan alegar improvisación ni falta de preparación. El mensaje es claro: la reconfiguración del tablero electoral no será accidental ni reactiva, sino producto de una planeación deliberada. Así, los partidos deberán replantear desde ya sus estrategias de selección de perfiles, operación territorial y comunicación, conscientes de que el margen para la improvisación se ha reducido al mínimo.Este nuevo marco normativo implicaría, en la práctica, un “borrón y cuenta nueva” en la carrera por las candidaturas. Aquellos perfiles que ya se visualizaban en la contienda deberán reevaluar su posición, especialmente en los municipios donde la postulación de mujeres sería obligatoria. La medida no sólo desplaza aspiraciones individuales, sino que obligaría a los partidos a construir nuevas redes de liderazgo y a identificar cuadros femeninos competitivos en territorios donde históricamente no los habían impulsado.La presión interna será considerable para las y los líderes de sus institutos políticos: grupos y actores políticos con años de trabajo territorial podrían quedar fuera por una decisión de género, lo que podría generar tensiones y reacomodos en las propias estructuras partidistas. Sin embargo, la historia reciente muestra que, pese a las impugnaciones y recursos legales, ninguna resolución ha logrado revertir de fondo este tipo de acciones afirmativas. La tendencia es clara: las reglas cambian, pero rara vez retroceden. El carácter anticipado y firme de la decisión del IEPC no solo impacta la contienda de 2027, sino que podría sentar las bases para el siguiente gran debate: la gubernatura de 2030. Si el argumento de la exclusión histórica de mujeres en municipios justifica la medida actual, la misma lógica podría trasladarse al ámbito estatal. La narrativa institucional y jurídica parece preparar el terreno para que, llegado el momento, ¿se exija a los partidos postular a una mujer para la gubernatura?@DelToroIsmael_
