Sin que exista claridad ni una argumentación legal consistente, en el Congreso del Estado empezaron ya a hacer malabar y medio para buscar un atajo y declarar desierta la última convocatoria para elegir a cuatro magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), luego de que el pasado 22 de marzo venció el plazo para la selección de las y los ganadores del concurso.Además de que este nuevo tropiezo volvió a exhibir la simulación en la que terminan las convocatorias para las designaciones públicas, esta decisión abre la posibilidad de que la nueva invitación sea combatida en tribunales por las y los aspirantes que vieron frenado el proceso mediante el cual aspiraban a convertirse en magistrados de ese Tribunal.Quedó claro así que persiste la lógica de los cuates y las cuotas por encima de la elección abierta y transparente de los mejor evaluados y quienes tengan las mejores credenciales y reputación para ocupar esos cargos. Para los que estuvieron cerca de la elaboración de la convocatoria para relevar a los controvertidos magistrados Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez, quienes tuvieron que enfrentar un litigio por el congelamiento de sus cuentas bancarias por acusaciones de irregularidades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a Horacio León Hernández, así como para la designación de una magistratura para la Séptima Sala de nueva creación, aseguran que fueron los desacuerdos políticos los que reventaron y provocaron que arbitrariamente se anulara la convocatoria.En específico, señalan que como las y los aspirantes previamente marcados como los recomendados por los pactos secretos de los partidos políticos en el Congreso no tuvieron las calificaciones necesarias en sus evaluaciones, decidieron mejor abortar la convocatoria antes de que llegaran a esas magistraturas abogados y abogadas que estuvieran fuera de su control.Esta semana el presidente de la comisión legislativa de Seguridad y Justicia, el ex priista y ahora diputado morenista Tomás Vázquez Vigil, dijo que ya se trabaja en los términos de una nueva convocatoria. Habrá, pues, además de seguir lo que resulte de los amparos que ya se han presentado por la anulación de la pasada convocatoria, poner doble lupa a las nuevas reglas que definan en un eventual nuevo proceso, ahora que quedó en evidencia esta nueva farsa que elimina toda posibilidad de empezar a limpiar el desprestigio ganado a pulso del Tribunal de Justicia Administrativa, en cuyas entrañas se ha engendrado el caos urbano e inmobiliario que ha afectado gravemente la calidad de vida de muchos habitantes de la metrópoli, por ser parte, junto con funcionarios corruptos de los ayuntamientos, del tráfico de licencias y permisos para permitir edificaciones que nunca debieron construirse.jbarrera4r@gmail.com
