Una de las características del liberalismo moderno es el impulso a la pluralidad y a la diversidad de las fuentes de poder en una sociedad determinada. En un extremo se encuentran las tiranías autocráticas que en su versión latinoamericana han sido magistralmente descritas por escritores como Mario Vargas Llosa. En el otro, se encuentran sociedades anárquicas donde no hay una autoridad central: el resultado es el caos y la ley del más fuerte.La sociedad liberal pluralista, en cambio, es una donde existen diversos polos de poder, pero sin ser caótica. La primera gran separación del poder es la que propuso el filósofo político Montesquieu, según la cual la autoridad de un Gobierno debe dividirse en tres ramas: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.Posteriormente, los redactores de los Federalist Papers pusieron las ideas de Montesquieu a la práctica y se propusieron diseñar la base conceptual de la Constitución estadounidense de 1787, que posteriormente fue también la base de la mayor parte de las Constituciones en América Latina.Más recientemente se han agregado otra formas de descentralización del poder. Fue así como en México, en los últimos años, se ha creado una red de instituciones autónomas que han servido muy bien, entre otras cosas, para la fiscalización de la autoridad gubernamental.El Poder Judicial en México pertenece, tanto a la tradicional división de poderes planteada por Montesquieu y los padres fundadores en Estados Unidos, como a las instituciones autónomas que se administran de manera independiente. Bajo esta idea, existen varios fideicomisos creados por el Poder Judicial para gestionar mejor sus recursos. Sin embargo, varias voces del régimen que hoy gobierna México, sobre todo las que provienen del Congreso de la Unión, intentan persuadir a la ciudadanía de que los recursos que maneja el Poder Judicial, a través de sus fideicomisos, son suntuarios o frívolos. Nada de esto es cierto. Los fideicomisos han probado ser una buena forma de utilizar los recursos para, por ejemplo, proveer a quienes laboran en el Poder Judicial -tanto magistrados como personal operativo- de las mejores condiciones para llevar a cabo sus actividades.Ahora que el Congreso de la Unión está a punto de aprobar el presupuesto para el próximo año, han surgido voces demagógicas que piden reducir los recursos para el Poder Judicial de manera significativa. Esto no ocurre de ninguna manera en el vacío. En lo que va del presente sexenio no ha dejado de reducirse el presupuesto para la rama judicial.Esto ocurre, además, cuando se vienen importantes reformas en la administración de justicia del país, como las que tienen que ver con la reforma del proceso penal acusatorio, el relativo al nuevo modelo de justicia laboral, así como cambios en la justicia civil y familiar. Pretender reducir los recursos al Poder Judicial cuando este necesita más, es una afrenta a la nación.Ahogar financieramente a nuestro sistema de administración de justicia va en contra, además, de lo estipulado por el derecho internacional y por instituciones multilaterales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas han señalado la necesidad de que se otorguen garantías salariales y prestaciones justas a las personas juzgadoras.Esperemos que se rectifique a tiempo y que la propuesta de una austeridad mal entendida no dañe a nuestro Poder Judicial. De ser el caso, nuestro país comenzaría a recorrer una senda directa hacia la tiranía.gdehoyoswalther@gmail.comTwitter: @gdehoyoswalther
