Si el Grupo UdeG tuvo un aliado en el emecismo en los momentos más álgidos del enfrentamiento que tuvieron los Leones Negros con el Gobierno de Jalisco en el sexenio de Enrique Alfaro, y hasta la muerte del jefe de la nomenclatura universitaria, Raúl Padilla López, en abril de 2023, ese es el ahora gobernador Pablo Lemus Navarro.Cosa de recordar cómo cuando en 2021 asumió como alcalde tapatío, y Alfaro ya denostaba a la menor provocación a su ex aliado político “El Licenciado” llamándolo pillo y cacique, Lemus lo tuvo como invitado especial en primera fila en el Palacio Municipal de Guadalajara.Cómo olvidar también cuando los naranjas quemaban en leña verde a Lemus y le quisieron cerrar para siempre su camino a la candidatura a la gubernatura, no sólo por no acudir a la marcha que desde Casa Jalisco les ordenaron hacer a los emecistas en contra de la más grande Feria Internacional del mundo del libro en español que se organiza cada año en Guadalajara, el último sábado de noviembre del 2022, sino por haber llamado “arrastrados” a los que acudieron a ella sólo por acatar una instrucción que atendía a un claro pleito personal de Alfaro con el fundador y director de la FIL Guadalajara, en la que a la postre sería la última edición que dirigiría en vida.Como el encono era con Padilla, el ex rector y hoy subsecretario de Educación Superior del Gobierno de Claudia Sheinbaum, Ricardo Villanueva, supo aprovechar la coyuntura política de la muerte de Raúl y logró acuerdos con Alfaro, quien quiso reivindicarse con la comunidad universitaria enviando al Congreso la anhelada iniciativa de Presupuesto Constitucional, que le sirvió también para condicionar que el entonces rector no aceptara la candidatura morenista a Guadalajara, que le ofrecía la entonces candidata presidencial.El caso es que este primer presupuesto constitucional que se colgó Alfaro, le tocó pagarlo al gobierno de Lemus y, tal vez por ello, le pareció pertinente comentar en su reunión con madres buscadoras el viernes pasado, que pediría a la UdeG que se tomaran de ahí 200 millones de pesos para arreglar los entornos urbanos de las preparatorias y los centros universitarios, ante el crecimiento de hechos delincuenciales y las desapariciones de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años que reportó el propio Comité Universitario en la materia.La nueva Rectora General, Karla Planter, y su Consejo de Rectorías, hicieron bien en recordar que el Gobierno estatal debe respetar la autonomía universitaria en el ejercicio de su gasto presupuestal, y el gobernador en responder de inmediato que no hay ánimo de confrontación con la casa de estudios.Ante las justas demandas de las madres buscadoras y colectivos contra las desapariciones, tanto el Gobierno del Estado como la Universidad de Guadalajara deben responder desde sus exclusivos ámbitos de acción y responsabilidad.Lo inaceptable hoy es un nuevo pleito estéril de poder ante la crisis humanitaria de desapariciones, y la creciente crisis de inseguridad y violencia que recibió el nuevo gobierno estatal y que debe resolver.jbarrera4r@gmail.com
