Febrero terminó con la violencia desbordada en Jalisco, como ocurrió en enero, que en tan sólo un fin de semana se registraron 37 homicidios, entre ellos dos multihomicidios como los que arrebataron la vida a 12 hombres y una mujer, incluido un menor de edad, nuevamente el sábado en la Colonia La Jauja en Tonalá y Lomas del Pedregal en Guadalajara.A diferencia del retraso y la parquedad que el gobernador Enrique Alfaro mostró para fijar su postura de lo ocurrido el lunes 8 de febrero en la zona de Andares, cuando un comando de entre 12 y 14 hombres con chalecos antibalas y armas largas llegó a pleno mediodía en dos camionetas pick-up y dos autos sedan de reciente modelo hasta las afueras del restaurante Los Otates y entró para levantar a uno de sus comensales abriendo fuego y escapando de la zona sin que se detonara ningún operativo policial para intentar su captura pese a ser la hora de más tráfico y llevar en la caja de una de las pick-up a un hombre moribundo, ayer domingo salió a pronunciarse en sus redes sociales por las masacres ocurridas el día anterior.Alfaro hizo un abierto reclamo al Gobierno federal que de inmediato polarizó la conversación digital entre los que apoyaban su posicionamiento y los que le reprochaban repartir culpas y no asumir la responsabilidad por la violencia y la crisis de seguridad por las que atraviesa Jalisco.El gobernador expresó que a “todas luces” los multihomicidios habían sido cometidos por el crimen organizado y que “todas las corporaciones de seguridad de Jalisco actuaron coordinadas” para la movilización policial y la investigación del caso, pero que estas situaciones no podían seguir así y que “la lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal por disposición constitucional”, por lo que era “tiempo de que el Gobierno federal y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco como en el resto del país”.Como lo he comentado aquí, toda esta serie de crímenes y hechos violentos de alto impacto aumenta la percepción de inseguridad entre los jaliscienses, y hace palidecer los avances en la baja de los delitos patrimoniales con los que el gobernador Enrique Alfaro asegura que en materia de seguridad se va por la ruta correcta.En eso pareció coincidir ayer el mandatario estatal al señalar que en dos años su gobierno ha logrado reducir a la mitad los delitos del fuero estatal, pero que mientras sigan sucediendo “este tipo de actos, pareciera que de nada sirve, que sólo hay una cara responsable”, y que aunque hay toda la voluntad para sumar esfuerzos con la Federación “cada nivel de gobierno tiene que cumplir e informar lo que el toca”.Habrá que ver si responde algo a este reclamo hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde su púlpito presidencial, mientras tanto esta violencia desbordada los toca a los dos y los obliga a cumplir su obligación constitucional de dar seguridad a los jaliscienses más allá de sus diferencias políticas.jbarrera4r@gmail.com
