En el prólogo de su libro “¡Prensa Vendida!” (Ed. Grijalbo, 1993), Rafael Rodríguez Castañeda habla de “un público que desconfía por igual de la prensa y del Gobierno”.Al celebrarse por primera vez en México el Día de la Libertad de Expresión, el 7 de junio de 1952, la prensa de la época –la televisión aún no existía y los modernos medios electrónicos apenas eran ensueños de la ciencia ficción— consignan que el empresario periodístico (“de cuyo nombre…”, etc.) promotor de la iniciativa, la calificó como “un homenaje de los periodistas al Presidente (Miguel) Alemán”.Para redondear el pecado original con que nacía esa celebración, Martín Luis Guzmán (novelista, funcionario público y diplomático, además de fundador y director de la revista “Tiempo”), en la charla amistosa de directores y editores con el homenajeado, expresó: “La hondísima emoción que acaba usted de poner al referirse a las relaciones entre usted, Presidente de la República, y nosotros, directores de periódicos, ha sido de tal calidad y tan profundamente sentida por cada uno de nosotros, que de seguro constituye la mayor recompensa a que podríamos aspirar”.(Obvian comentarios).-II-Aunque las generalizaciones son odiosas, ya es un lugar común que en situaciones de conflicto, en México –desde los sucesos del ’68 hasta la masacre de estudiantes de Ayotzinapa—, se haga tabla rasa con la prensa, se le reste credibilidad y se le tilde de “vendida”.Siempre ha habido medios empeñados en hacer de la independencia con respecto al poder, su bandera. Vale, por tanto, consignar una frase del ministro Arturo Zaldívar en el proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia, que da al Congreso un plazo perentorio (hasta el 30 de abril del año próximo) para elaborar una Ley Reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución (referente a “principios y bases para el uso de recursos públicos y la contratación con particulares”), a fin de regular el gasto del Gobierno Federal en “Comunicación Social”: “Esta omisión (la inexistencia de la referida Ley) provoca que las autoridades utilicen los recursos públicos destinados a dicho fin, de manera discrecional y opaca, y genera medios indirectos de censura que violentan las libertades de expresión, prensa e información, al hacer la asignación del recurso para premiar ciertas líneas editoriales complacientes”.-III-Más cierto, imposible. Más lícito y más pertinente, para propiciar que la norma suprema de la información sea la verdad, su principal beneficiario sea el ciudadano, y su manejo no sea una forma vergonzosa de complicidad entre prensa y Gobierno, ídem.
