Durante mayo, todas las empresas y empleadores del país están obligados a realizar el pago de utilidades a sus trabajadores, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), recordó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al enfatizar que este beneficio constituye un derecho constitucional que reconoce la aportación directa de las y los empleados en la generación de ganancias para las compañías. La dependencia federal señaló que el reparto de utilidades es una prestación fundamental para millones de trabajadores en México y subrayó que las empresas deben cumplir con esta obligación dentro de los plazos establecidos por la ley para evitar sanciones o denuncias laborales. La STPS aseguró que este derecho fue debilitado durante años debido a prácticas de simulación laboral que impedían a muchos trabajadores recibir un pago justo. Sin embargo, afirmó que la reforma en materia de subcontratación aprobada en abril de 2021 permitió revertir gran parte de esas irregularidades. “Este derecho, históricamente vulnerado en el pasado neoliberal, ha sido fortalecido en los Gobiernos de la Transformación”, indicó la Secretaría, al destacar que anteriormente el reparto de utilidades era limitado mediante esquemas de outsourcing que reducían artificialmente las ganancias reportadas por las empresas. De acuerdo con la dependencia, tras los cambios legales implementados en los últimos años, el monto distribuido por concepto de utilidades registró un incremento acumulado del 150%. La STPS informó que durante 2024 el reparto de utilidades alcanzó los 259 mil 610 millones de pesos, cifra que calificó como un “avance histórico” en favor de la justicia laboral y la dignificación del trabajo en México. Asimismo, hizo un llamado a todas las empresas para cumplir puntualmente con esta obligación y reiteró que mantendrá vigilancia permanente para garantizar el respeto a los derechos laborales. La dependencia recordó que las y los trabajadores cuentan con mecanismos de orientación y denuncia en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y mediante el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), con el fin de asegurar que este derecho sea ejercido plenamente y sin irregularidades. EE
