Con una mayoría de 25 votos a favor y sólo dos abstenciones, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron la minuta de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto que regula el outsourcing o la subcontratación.El dictamen aprobado, que reforma la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que queda prohibida la subcontratación de personal, y solo se permite en servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).La reforma garantiza el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido en la Constitución cuyo monto tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, aplicándose el monto que resulte más favorable al trabajador.Además, establece una multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a cuatro millones 481 mil pesos (MDP) a las empresas que violenten las disposiciones.El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que se trata de una reforma “trascendental” que evitará la evasión fiscal de entre 300 mil y 500 mil millones de pesos al año por la subcontratación. Aunque las cifras oficiales hablan de 4.5 millones de trabajadores contratados mediante outsourcing, en realidad son entre ocho y 10 millones, dijo Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.Con la prohibición del outsourcing, se tiene que revisar muy puntualmente el lapso y los procesos de adecuación, y se requerirá de un periodo de al menos seis meses para que las empresas adapten su sistema administrativo a la nueva legislación, advierte ManpowerGroup, empresa especializada en subcontratación laboral.Un cambio tan significativo para los esquemas lícitos de contratación en México no puede darse con miras al corto plazo, porque este tipo de decisiones afectan directamente la competitividad del país para atraer inversiones, que al final son la materia prima para la creación de empleos, aseveró la organización.“La entrada en vigencia de las nuevas disposiciones tanto para el sector público como privado necesitan hacerse de manera paralela, porque este esquema existe en ambos sectores, por lo que lo más apropiado es que ambas entren en vigor el mismo momento, el primero de enero del 2022”, detalló Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de Manpower.AMD
