Viernes, 19 de Abril 2024

La FGR investiga a dueño de Atlas y Santos, ¿de qué se le acusa?

Los presuntos movimientos se realizaron en el año 2017, en los meses de enero a julio

Por: Jesús Eliseo Zamudio Ínterián

ALEJANDRO IRARRAGORRI. Como antecedente, las autoridades hacendarias hicieron notificación, el pasado 5 de diciembre, al equipo de Santos Laguna. IMAGO7

ALEJANDRO IRARRAGORRI. Como antecedente, las autoridades hacendarias hicieron notificación, el pasado 5 de diciembre, al equipo de Santos Laguna. IMAGO7

Alejandro Irarragorri, presidente y director de Grupo Orlegi, además dueño de los equipos Atlas y el Santos Laguna, enfrenta una investigación a manos de la Fiscalía General de la República por el delito de defraudación fiscal por un monto de 17 millones 69 mil 865 pesos.

Irarragorri es acusado por presuntos engaños y maniobras que le permitieron evadir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación dichos movimientos fueron realizados en el año de 2017 y corresponde a los salarios a los jugadores del Club Santos Laguna, de enero a julio.

Como antecedente, las autoridades hacendarias hicieron notificación, el pasado 5 de diciembre, al equipo de futbol. Las observaciones enunciadas fueron obtenidas de una revisión realizada a su contabilidad, en la cual se detectó la posible omisión de impuestos y un pago irregular de 54 millones 22 mil 690 pesos que se realizó a 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico de aquel año.

Las investigaciones revelaron que los dirigentes realizaron una estrategia para no retener ni pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por medio de primas de riesgo de trabajo, las cuales están legalmente exentas de dicho impuesto. Además, utilizaron un "contrato colectivo" con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana para realizar los pagos.

A pesar de todo, el equipo de Santos Laguna mantiene su postura frente a las autoridades fiscales de no haber pagado más de 17 millones de pesos por concepto de ISR a los salarios, argumentando que la ley no obliga a cubrir esa contribución en pagos de primas indemnizatorias. El desarrollo de la investigación sigue vigente, sin embargo, aunque se demuestre la ilegalidad del movimiento en la actualidad, la defraudación fiscal no implica cárcel automática.

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