El documental "La misma sangre" llegó al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) como una obra que se sitúa en el terreno de la memoria y la denuncia, y que nos inserta en las realidades injustas que atraviesa el país. La película, desarrollada en Atoyac de Álvarez, Guerrero, sigue el proceso de lucha de la familia Mesino tras el asesinato de Rocío Mesino en 2013, y documenta la continuidad de un movimiento social que, durante décadas, ha defendido los derechos de comunidades campesinas en una región marcada por la violencia y la impunidad.Durante la rueda de prensa en el FICG, el equipo creativo y los integrantes de la familia compartieron la historia detrás del proyecto, subrayando que la película es resultado de un acompañamiento prolongado, construido a lo largo de años de cercanía y colaboración. El director Ángel Linares Colmenares explicó que su relación con la familia comenzó mucho antes de que el documental tomara forma, cuando realizó un primer trabajo audiovisual en la región. “Yo conocí a la familia en el año 2012, cuando hice un ejercicio documental. Ellos fueron el punto de acceso y jugaron un papel fundamental para que ese trabajo fuera posible. Pero todo cambió cuando asesinaron a Rocío Mesino tres días antes del estreno del cortometraje. A partir de ahí se detonó la necesidad de contar esta historia”, recordó.El documental se inscribe en un contexto nacional en el que la defensa de los derechos humanos se ha convertido en una actividad de alto riesgo. En ese sentido, los participantes en la rueda de prensa coincidieron en que la película busca visibilizar no solo la violencia que afecta a las comunidades rurales, sino también la persistencia de quienes continúan organizándose pese a las amenazas. La propia Norma Mesino, quien asumió el liderazgo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur tras la muerte de su hermana, relató que la violencia no terminó con aquel asesinato, sino que se prolongó en amenazas constantes y en la vigilancia permanente de su actividad como defensora.“Las medidas cautelares se otorgaron un año después del asesinato de mi hermana, porque había amenazas constantes. Era incómodo trabajar con la policía acompañándome a todas partes. Vigilaban reuniones privadas y eso violentaba mi derecho como defensora”, señaló.El proceso de filmación implicó enfrentar condiciones complejas de seguridad y desarrollar mecanismos de protección tanto para el equipo de producción como para los protagonistas del documental. La presencia de escoltas y protocolos estrictos formó parte de la rutina durante el rodaje, lo que evidenció el nivel de riesgo asociado al trabajo de documentación en territorios donde confluyen intereses políticos y económicos. El director Ángel Linares Colmenares explicó que uno de los elementos que permitió sostener el proyecto fue la confianza construida con la familia a lo largo del tiempo, así como el acompañamiento de organizaciones civiles que monitorearon el proceso.“Lo primero que nos dio protección fue la cercanía con la familia. No éramos personas ajenas que llegaban a retratar una realidad y se iban. Había una relación de confianza. Además, tuvimos el respaldo de organizaciones sociales que nos acompañaron en todo momento”, comentó.Más allá de la dimensión testimonial, la película busca abrir espacios de discusión sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México. Durante la conversación se mencionaron casos recientes de violencia contra activistas y se subrayó la necesidad de mantener visible una problemática que, según los participantes, continúa agravándose. “La problemática de derechos humanos en el país sigue siendo gravísima. Cada semana se asesina a defensores del territorio. Por eso es importante que estas historias se conozcan y que no dejemos de hablar de ellas”, afirmó uno de los integrantes del equipo.En ese sentido, el documental se plantea como un ejercicio de memoria colectiva y como una herramienta para comprender la dimensión humana de los conflictos sociales en regiones históricamente marginadas. La historia de la familia Mesino se presenta no solo como un caso particular, sino como un reflejo de una realidad compartida por numerosas comunidades que enfrentan condiciones similares. Norma Mesino subrayó que la visibilidad que ofrece el cine resulta fundamental para que estas historias no queden confinadas al ámbito local y puedan alcanzar audiencias más amplias.“Esta historia se repite en muchos rincones del país, en muchas familias que luchan por la defensa de los derechos humanos. Por eso es importante que se conozca y que se difunda”, expresó.El rodaje del documental se desarrolló en un entorno que obligó al equipo a confrontar de manera directa la violencia y la precariedad que atraviesan las comunidades rurales. La experiencia de filmar en Guerrero, señalaron los participantes, permitió comprender con mayor profundidad la complejidad de la situación social y política de la región. “Guerrero sigue siendo un estado con muchísimos desafíos. Hay intereses económicos y políticos muy fuertes y una impunidad muy grande. Parte de la película retrata precisamente esa realidad”, explicó el director.A pesar de la dureza de los acontecimientos narrados, los realizadores insistieron en que la película no se limita a documentar el dolor, sino que también busca mostrar la dimensión humana de la resistencia y la esperanza. Para ellos, el trabajo cinematográfico se convierte en una forma de acompañamiento y en un medio para reconocer la dignidad de quienes continúan defendiendo sus derechos.“La lucha tiene que ver con algo muy básico: el derecho a ser feliz, el derecho a vivir en paz. Eso es lo que buscan las personas que aparecen en esta película”, finalizó Ángel Linares Colmenares. EE
