¿Cuál es la relación entre "El Mayo" Zambada y Rubén Rocha Moya?
El Departamento de Justicia y la DEA solicitan la detención y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”
La solicitud de extradición contra el gobernador Rubén Rocha Moya marca un punto de quiebre sin precedentes: la justicia estadounidense apunta directamente a la cúpula del poder en Sinaloa. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que su entrega se hará solamente si existen pruebas de los cargos que se le imputan.
En una carta difundida en agosto de 2024, tras haber sido llevado a Estados Unidos por uno de los hijos de "El Chapo", el capo Ismael Zambada García reveló que el día de su secuestro iba a reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad de Sinaloa (UAS), para ayudar a resolver diferencias entre ambos políticos.
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"Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Conocía una disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, excongresista federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me dijeron que (...) en la reunión también estaría Iván Guzmán Salazar", señaló el capo preso en Estados Unidos.
Para ello, relató, acudió al rancho Huertos del Pedregal, donde, dijo, fue emboscado, secuestrado y luego trasladado a la Unión Americana.
Extradición, sólo si hay pruebas de cargos: FGR
Ante la solicitud de Estados Unidos para detener con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por nexos con "Los Chapitos", la Fiscalía General de la República informó que su entrega se hará solamente si existen pruebas de los cargos que se le imputan, como establece el tratado de extradición firmado entre México y el vecino país del norte.
Horas después de que el Departamento de Justicia y la DEA presentaran ante una jueza del sur de Nueva York la acusación formal contra el mandatario morenista y otros nueve funcionarios y mandos policiacos, Ulises Lara López, vocero de la FGR, aseguró que la solicitud de extradición no viene acompañada de pruebas contundentes sobre los vínculos de los morenistas con el Cártel de Sinaloa.
El también fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes afirmó que el pedimento del gobierno de Estados Unidos requiere, además, que las autoridades mexicanas tomen las medidas necesarias para asegurar que la información contenida no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió con este caso.
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"Lo anterior toma en cuenta, de acuerdo con la propia misiva, que dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan", reviró.
A través de un mensaje videograbado, el vocero de la institución afirmó que la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida.
Lara López señaló que la legislación mexicana refiere que es necesario retirar la inmunidad procesal en el caso de gobernadores y senadores para poder ser detenidos por cargos que les imputen.
"Para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se violentaría el Estado de derecho", indicó.
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