Riva Palacio revela presunta red de influencias y justicia transaccional en Poder Judicial

Una investigación periodística basada en bases de datos y fuentes abiertas expuso un presunto esquema de tráfico de influencias y justicia transaccional dentro de los órganos judiciales federales y de la Ciudad de México, articulado mediante la entrega masiva de reconocimientos, títulos y doctorados honoris causa.

De acuerdo con el análisis publicado este viernes por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de opinión, el abogado penalista y rector del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC), Teófilo Benítez Granados, habría utilizado la institución privada para tejer una red de contactos con ministros, magistrados y funcionarios del sistema de justicia.

Títulos académicos bajo la lupa y vínculos en el Poder Judicial

Los hallazgos documentados revelan que al menos 81 integrantes —tanto activos como en retiro— del Poder Judicial guardan vínculos directos con el CESCIJUC. De este grupo, 26 personas han admitido públicamente haberse desempeñado como docentes en la universidad y 15 cursaron programas de posgrado.

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Entre las figuras públicas asociadas a la recepción de galardones o grados otorgados por la institución figuran la ministra Yasmin Esquivel, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, el político Alfonso Suárez del Real y la consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, Irma Guadalupe García Mendoza.

El periodista señala en su texto que el volumen de emisión de credenciales académicas por parte del centro educativo presenta discrepancias estadísticas severas respecto a instituciones de alto prestigio:

“Pese a tener una matrícula 30% menor que la UNAM, entregó 120% más títulos de doctorado en Derecho y Criminalística, 500% más que el Instituto Nacional de Ciencias Penales y 400% más que la Escuela Libre de Derecho”.

Casos documentados: Fallos inmobiliarios y nexos políticos

Dentro de las irregularidades expuestas destaca la relación entre resoluciones judiciales y la posterior asignación de doctorados honoris causa. En julio de 2018, Benítez Granados obtuvo la adjudicación de dos inmuebles en la Ciudad de México mediante el recurso legal de prescripción positiva, tras la declaración de rebeldía de las partes contrapartes. Dos meses después del fallo, el entonces magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Augusto Pérez Juárez, recibió un doctorado honoris causa de manos del rector.

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Posteriormente, en marzo de 2019, uno de los inmuebles fue objeto de un aviso preventivo de compraventa dirigido al Fideicomiso del Fondo para el Retiro de los Jueces del tribunal capitalino, sin que las autoridades competentes iniciaran indagatorias sobre un posible conflicto de interés.

Paralelamente, la investigación vincula al rector con el ámbito político local a través del extinto partido Equidad, Libertad y Género (ELIGE). Durante el periodo de inserción de sus colaboradores en la dirigencia partidista, la presidenta de dicho organismo, Mariana Morán, tramitó cinco cédulas profesionales de posgrado ante la autoridad educativa en un lapso de cinco años y obteniendo cinco registros en un solo día, el 24 de abril de 2019.

Lucro y controversias en el caso de la Línea 12 del Metro

El historial operativo del abogado penalista también abarca su intervención en litigios de alto impacto social, como la representación jurídica de 13 víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Riva Palacio destaca los señalamientos de cobros honorarios desproporcionados e imposición de penalizaciones contractuales a los afectados:

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“Benítez Granados se volvió asesor jurídico de 13 de las 103 víctimas de esa tragedia, a quienes, según señalamientos públicos, les quiso cobrar el 30% de la compensación a sus clientes, advirtiéndoles que de terminar por adelantado sus servicios, tendrían que pagarle como penalización más de tres millones de pesos”.

Dichas acciones derivaron en su momento en posturas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, catalogando los cobros previstos como actos cercanos a la extorsión hacia las familias afectadas, sin que a la fecha existan sentencias firmes en favor de sus representados.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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