El Congreso de Jalisco aprobó la creación de la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado. La nueva legislación estatal establece mecanismos de prevención, atención y protección, así como la coordinación entre autoridades estatales y municipales para atender esta problemática.La diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, explicó que la aprobación de esta ley estatal permite que la entidad cuente una ruta integral para prevenir y detectar posibles casos de reclutamiento, así como atender y dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo o hayan sido víctimas."Delinear protocolos, políticas, estrategias para la salvaguarda y acompañamiento jurídico y psicológico, así como la atención médica que se requiera para las personas mayores de dieciocho años que se presuma víctima de quien, por cualquier medio, lo hubiera coaccionado, engañado, instigado, inducido o captado en actividades para la consecución de un delito", se lee en la propuesta.La diputada explicó que uno de los principales objetivos es que las instituciones cuenten con información suficiente para identificar dónde existen zonas de riesgo y, a partir de ello, focalizar las acciones de prevención y atención.Para ello, la ley contempla un sistema institucional para la generación de información e indicadores que dimensionen el fenómeno del reclutamiento forzado, además de brindar herramientas legales que fortalezcan la protección integral de niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento."Hablamos de un esfuerzo interinstitucional para que toda la sociedad, toda la comunidad, para que los gobiernos municipales, los 125 (municipios) de Jalisco, para que el Gobierno del Estado y, por supuesto, todas las fuerzas políticas de este estado nos unamos".Magaña señaló que la atención no debe concluir con el rescate de una niña, niño o adolescente, sino que es necesario garantizar acompañamiento especializado y seguimiento, particularmente cuando su entorno familiar pudiera representar un factor de riesgo.La legislación contempla refugios temporales especializados, atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como medidas de acompañamiento y reinserción social para las víctimas.La legisladora recordó que esta ley forma parte de una estrategia integral presentada desde agosto de 2025, que plantea atender el reclutamiento desde distintas vertientes y no únicamente a través de la sanción penal. En este último punto, está pendiente la aprobación en el pleno del dictamen que sanciona el delito de reclutamiento forzado en el Estado con penas que van desde cinco a 15 años de prisión.Por otro lado, el Legislativo estatal también aprobó reformas para iniciar la búsqueda inmediata de una persona desaparecida tan pronto como se tenga reporte; y que se investigue de oficio dicho delito, con el fin de acelerar la localización con vida de cualquier persona que tenga reporte de desaparición. JM
