CIDH reconoce el reclutamiento forzado como causa de las desapariciones en Jalisco y México

Este lunes, en el marco del Día de las Madres que buscan, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su informe sobre "Desapariciones en México", donde reconoció el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado como una de las causas de las desapariciones en el contexto actual de Jalisco y de México en general. 

En esta ocasión, la CIDH documentó, partir de testimonios de colectivos de personas buscadoras, el hecho de que menores desde los 13 y los 14 años de edad son reclutados por el crimen organizado a cambio de promesas de dinero o armas para ponerlos a su servicio. 

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"En algunos casos, las víctimas regresarían con vida. En otros casos, los adolescentes se unirían permanentemente a los grupos criminales o perderían la vida en enfrentamientos armados", señaló el informe. 

Lo anterior ha sido confirmado, por ejemplo, por el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien refirió en agosto pasado que las autoridades de Jalisco han confirmado que el crimen organizado ha captado a jóvenes y menores de edad para usarlos como "carne de cañón", principalmente en el Estado de Sinaloa, que libra un conflicto armado entre cárteles adversarios desde septiembre de 2024. 

De los Santos explicó que se ha identificado que los jóvenes suelen ser reclutados mediante las redes sociales en Jalisco para, posteriormente, ser llevados al Estado de Zacatecas para su adiestramiento y de ahí trasladarlos a Sinaloa para ponerlos al servicio de los cárteles.

"La ruta que tenemos nosotros es que los envían a Zacatecas, en Zacatecas los adiestran en algún lugar, los envían a Nayarit y de Nayarit se los llevan a Sinaloa. De algunos jóvenes liberados que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, identificados como jóvenes por quienes tenemos algunas denuncias (de desaparición), nos mencionan que están en Sinaloa. Ya hemos hablado con familiares, inclusive, pero ellos siguen en Sinaloa", lamentó entonces González de los Santos. 

De acuerdo con la CIDH, se ha detectado, a través de testimonios de niños sobrevivientes del reclutamiento, que habían sido usados como combatientes para la preparación de estupefacientes o como mensajeros. 

"Según lo relatado, el reclutamiento se realiza por la fuerza, como es el caso de "Alfredo" (nombre ficticio), quien fue privado de la libertad junto con varios adolescentes en Toluca, Estado de México, para ser llevado a un campo de entrenamiento armado del crimen organizado en Tierra Caliente, Guerrero. "'Alfredo' logró escapar durante un enfrentamiento del grupo criminal con el Ejército", refirió el informe. 

En este mismo sentido, la Comisión confirmó que el reclutamiento se ejecuta a partir de ofertas laborales falsas, registradas principalmente en las entidades de Jalisco, Nayarit y Zacatecas, coincidiendo también con la ruta referida por el fiscal de Jalisco en agosto pasado. 

Según lo referido por este documento, en algunos casos, el reclutamiento aparenta ser "voluntario", aunque responde a presiones económicas o de seguridad contra el niño, la niña o su familia. "Este tipo de reclutamiento ha sido encuadrado como resultado del entorno familiar y comunitario; a través de las vulnerabilidades provocadas por la violencia física y sexual intrafamiliar, así como por la exclusión social y económica, la pobreza, la ausencia de instituciones del Estado, la falta de oportunidades y la cercanía con los contextos de violencia producto del crimen organizado, que les motiva a acercarse como una forma de pertenencia y reconocimiento de sus pares", lamentó la Comisión Interamericana. 

La Comisión ha afirmado que los adolescentes son de los más afectados en contextos de criminalidad organizada, dado que se encuentran en riesgo de ser captados y utilizados por las organizaciones criminales para sus actividades, exponiendo su vida e integridad personal y sus posibilidades de desarrollo integral.

El Rancho Izaguirre, el reclutamiento forzado y la tolerancia de la autoridad 

En cuanto a las acciones de reclutamiento y "capacitación" por parte del crimen organizado, que a su vez incide directamente en la desaparición de personas, la CIDH recordó el posicionamiento hecho respecto del hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se ha documentado la ocurrencia de actividades criminales de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas. 

"La CIDH destacó su alarma por que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por periodos de tiempo prolongados sin intervención de las autoridades. Asimismo, indicó que dichos lugares reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana", señaló. 

La Comisión reconoció, en este sentido, los avances establecidos desde el Gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, a fin de poder esclarecer lo ocurrido en este espacio e intentar reconocer a las víctimas que hubieran estado en este espacio, así como el poder identificar los restos humanos aquí encontrados. 

Sin embargo, destacó la necesidad de establecer las responsabilidades de las autoridades, quienes presuntamente habían estado resguardando este predio una vez que fue encontrado meses antes de ser denunciado por las personas buscadoras que lo hicieron público, pues, señaló la CIDH, se trata de una responsabilidad por parte de las autoridades que perpetran las desapariciones bajo los principios de "autorización", "apoyo" y "aquiescencia", contenidas en la definición internacional de desaparición forzada, y que hacen referencia a cómo la autoridad "tolera" la ocurrencia de este tipo de hechos simplemente por no garantizar su correcto actuar. 

Además, refirió, lamentablemente no han sido utilizadas de modo uniforme en la jurisprudencia del sistema interamericano en casos de desaparición forzada. 

El corredor de las desapariciones en México 

En su informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habló sobre el Corredor de las Desapariciones en México para explicar que el fenómeno no ocurre por sí solo en una única entidad, aunque en el periodo de observación de la Comisión, Jalisco permanecía como la entidad con mayor número de víctimas de este delito (15 mil 330 hasta el 3 de junio de 2025, previo a la revisión de cifras del RNPDNO). Por el contrario, señaló, existe un "corredor" por el cual se repiten las desapariciones. 

"Se observa que la desaparición de personas no se circunscribe a los límites de una sola entidad federativa, aunque existen altas concentraciones del fenómeno en Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. La información recibida también identifica desapariciones en zonas compuestas, como el denominado "Corredor del Pacífico" (que abarca los Estados de Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa), donde la incidencia estaría estrechamente vinculada a la actuación del crimen organizado", señaló el documento. 

En este sentido, los operadores criminales aprovechan redes y vías de interconexión que van desde la relación con el transporte de carga, el transporte de pasajeros y taxis. 

Además, refirió, si bien el fenómeno no es nuevo, puesto que las desapariciones derivan desde los estragos de la llamada "Guerra Sucia" ( periodo de represión estatal sistemática entre los años 60 y los 80, contra disidentes políticos, caracterizado por la desaparición forzada), esta se ha recrudecido con el fortalecimiento del crimen organizado, "que en diversos contextos opera en estrecha connivencia con agentes estatales". 

"Frente a ello, resulta crucial que el Estado considere en sus políticas de prevención y juzgamiento el contexto de la criminalidad organizada en las desapariciones y los posibles indicios del involucramiento de agentes estatales en los diferentes territorios del país", señaló el informe. 

Las recomendaciones de la CIDH en el informe Desapariciones en México 2026: 

1. Fortalecimiento de la Prevención y Seguridad Ciudadana 

-Estrategia coordinada: Fortalecer la prevención en coordinación con Estados y municipios, evaluando su eficacia y asegurando la participación de colectivos de familiares.

-Definición de "aquiescencia": Definir en el derecho interno el alcance de la participación o tolerancia estatal en desapariciones cometidas por el crimen organizado para determinar la responsabilidad de agentes del Estado. 

-Protección contra el reclutamiento: Incluir en las políticas de protección de la niñez y juventud la atención a las causas del reclutamiento forzado por grupos criminales (fenómeno específicamente observado en Jalisco mediante ofertas laborales falsas).

2. Mejora en la Búsqueda e Identificación Humana 

-Protocolo ALBA: Garantizar la aplicación efectiva del Protocolo ALBA en todas las entidades, eliminando cualquier tiempo de espera (como las 72 horas) para iniciar la búsqueda de niñas y mujeres.

-La búsqueda debe ser inmediata: Asimismo, señaló la CIDH, debe erradicarse, conforme a lo ya establecido en la Ley en la materia, la espera de las 72 horas antes de la recepción de las denuncias por desaparición y el comienzo de las labores de búsqueda.

-Análisis de contexto: Implementar un protocolo nacional de búsqueda que use el análisis de contexto, patrones delictivos y enfoque territorial para localizar a las personas.

-Seguridad para buscadores: Garantizar escoltas capacitadas en derechos humanos para las jornadas de búsqueda en campo realizadas por las familias y colectivos.

-Estandarización forense: Crear una norma nacional para el resguardo de cuerpos bajo custodia estatal y estandarizar el funcionamiento de los centros de identificación humana para asegurar la trazabilidad de los restos.

3. Acceso a la Justicia y Atención a Víctimas 

-Erradicar la estigmatización: Capacitar al personal ministerial para eliminar los prejuicios contra las familias buscadoras (como decir que la víctima "se fue con el novio" o "andaba en malos pasos").

-Fiscalías Especializadas: Brindar asistencia federal para la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas en desaparición en todos los Estados.

-Eliminar barreras burocráticas: Simplificar los trámites para el acceso a apoyos económicos y de salud por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), operando bajo una presunción a favor de las familias buscadoras.

-Declaración Especial de Ausencia: Asegurar que los jueces civiles no exijan requisitos extralegales que revictimicen a los familiares en el proceso de declaración de ausencia.

4. Memoria y Verdad 

-Protección de iniciativas ciudadanas: Apoyar y proteger los "antimonumentos" y otros esfuerzos de memoria realizados por las familias, evitando que las autoridades locales los retiren sin consulta previa. 

-Transparencia militar: Garantizar que las agencias de seguridad e inteligencia colaboren plenamente en la provisión de información para esclarecer casos de larga data. 

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