México

CNA demanda a empresas de gas LP por manipular precios durante una década

Buscan que 53 compañías reparen daños por más de 13 mil millones de pesos a consumidores en varias entidades del país

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó una demanda colectiva en contra de 53 empresas señaladas por coludirse durante más de una década para manipular precios del gas LP en distintas regiones del país, con el objetivo de que reparen el daño económico causado a millones de consumidores.

La demanda surge a partir de una investigación previa en la que se comprobó que varias empresas, entre ellas Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano, se pusieron de acuerdo de forma ilegal para fijar precios y repartirse a los clientes.

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De acuerdo con la investigación, estas prácticas ocurrieron en mercados ubicados en la Ciudad de México, el Estado de México y localidades de Colima, Tamaulipas y Sinaloa.

Sobreprecios afectaron a millones de familias

Como resultado de estas prácticas ilegales, se generaron sobreprecios que provocaron un daño económico superior a los 13 mil millones de pesos a los consumidores, según estimaciones de la autoridad.

El impacto es significativo debido a que el gas LP es uno de los insumos básicos en los hogares mexicanos. Datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares señalan que ocho de cada diez familias utilizan este combustible como principal fuente para la preparación de alimentos.

Con la demanda colectiva, la CNA pretende que, además de las sanciones administrativas ya impuestas, las empresas responsables compensen a los consumidores afectados mediante esquemas como descuentos en el precio del gas LP en las zonas donde se registraron las prácticas monopólicas.

La intención, subrayó el organismo, es que la sanción no solo tenga un carácter punitivo, sino que también genere beneficios tangibles para la población.

Refuerzan política de competencia

La Comisión destacó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la política de competencia en el país y sancionar con mayor rigor a las empresas que incurran en prácticas anticompetitivas.

Asimismo, reiteró su compromiso de utilizar todos los instrumentos legales disponibles para evitar abusos en mercados clave que impactan directamente en la economía de las familias mexicanas.

La resolución del caso y el avance de la demanda colectiva serán determinantes para establecer precedentes en la defensa de los consumidores frente a prácticas ilegales en sectores estratégicos.

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YC

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