Así operaba el abogado condenado a más de mil años de prisión en Guanajuato
El sentenciado operaba con propiedades sobre las cuales no tenía ningún tipo de derecho o permiso, llegando a acumular demandas por más de 30 millones de pesos
El silencio en la sala terminó cuando el tribunal dio lectura a una sentencia sin precedentes en Guanajuato, tras meses de investigaciones y un largo proceso judicial, el abogado Edgar Francisco Franco Ríos fue condenado a 1,018 años y cuatro meses de prisión por haber cometido fraude contra 107 personas que confiaron en la promesa de adquirir viviendas a bajo costo.
La resolución, considerada la más severa dictada por un tribunal de enjuiciamiento en la historia del estado, también ordenó que el sentenciado repare el daño económico ocasionado a las víctimas mediante el pago de más de 33 millones de pesos.
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Detrás de la cifra histórica existe una historia que afectó el patrimonio de más de un centenar de familias, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Franco Ríos operaba desde el despacho jurídico Punto Legal, ubicado en la ciudad de León, donde ofrecía supuestas oportunidades para adquirir inmuebles a precios muy por debajo de su valor comercial.
El fraude que convenció a más de un centenar de personas
Las ofertas se difundían principalmente a través de redes sociales y plataformas de compraventa en internet. Las propiedades eran presentadas como casas de remate o inmuebles provenientes de procesos judiciales, con precios que rondaban entre los 200 mil y los 250 mil pesos pagados de contado.
Para dar mayor credibilidad al esquema, el abogado mostraba documentación aparentemente validada por notarios públicos, lo que generaba confianza entre los compradores. Sin embargo, las investigaciones ministeriales demostraron que los inmuebles ofrecidos no podían venderse, ya que el responsable no tenía facultades legales sobre ellos y, en muchos casos, ni siquiera se encontraban sujetos a litigios.
Con el paso de los meses, decenas de personas descubrieron que habían entregado importantes cantidades de dinero sin recibir las propiedades prometidas. Las denuncias comenzaron a acumularse hasta que la Fiscalía integró un caso que permitió acreditar el fraude cometido contra 107 víctimas.
Una sentencia histórica
El proceso judicial concluyó con dos sentencias emitidas los días 26 y 30 de junio de 2026, en la primera resolución, el tribunal impuso una pena de 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que la segunda añadió otros 580 años, alcanzando una condena acumulada de 1,018 años y cuatro meses.
Aunque la legislación penal de Guanajuato establece que una persona no puede permanecer privada de la libertad por más de 80 años, la acumulación de las penas refleja la gravedad del daño ocasionado y el número de delitos acreditados durante el juicio.
El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, calificó la resolución como una sentencia histórica y destacó que el fallo representa un precedente en la protección de los derechos de las víctimas de fraude.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó la reparación integral del daño, es decir, el sentenciado deberá cubrir 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material, 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados.
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Para la Fiscalía, el aspecto más importante de la resolución no radica únicamente en la magnitud de la condena, sino en la obligación de restituir el dinero obtenido de manera ilícita, con el objetivo de brindar justicia a quienes perdieron parte de su patrimonio.
Recomendaciones para evitar fraudes en inmuebles
El caso también deja al descubierto los riesgos de confiar en ofertas inmobiliarias que prometen propiedades muy por debajo de su valor de mercado. Las autoridades recomiendan:
- Verificar la situación jurídica de cualquier inmueble,
- Confirmar la autenticidad de la documentación
- Acudir a instancias oficiales antes de realizar pagos de grandes cantidades de dinero.
Con esta sentencia, Guanajuato registra uno de los fallos más emblemáticos en materia de fraude, una resolución que busca enviar un mensaje de que los delitos patrimoniales de gran escala pueden tener consecuencias judiciales igualmente extraordinarias.
Con información de SUN
TG