Critican castigos por chats privados en resoluciones electorales

En días recientes cobró relevancia una resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que se sancionó a la activista Emma Zermeño López por mensajes privados con una tercera persona, en los que se expresaba en malos términos sobre la diputada local con licencia por Morena, Almendra Negrete Sánchez.

Esta resolución se suma a otros casos similares en los que se ha señalado a activistas por presunta violencia política en razón de género contra funcionarias. Ante ello, la diputada federal del PAN por Jalisco, Paulina Rubio, hizo un llamado a evitar este tipo de determinaciones, al advertir que existe preocupación por una posible persecución contra quienes cuestionen a integrantes de Morena.

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"Hoy estamos ante el reto de analizar si verdaderamente vamos a entrar al castigo de conversaciones privadas cuando se le critique al régimen. A nosotros nos preocupa desde la oposición que haya una persecución en torno a las personas que se atreven a opinar o a descalificar, criticar al régimen, en este caso, la asimetría del poder porque es una diputada local contra una activista".

La legisladora federal hace la denuncia pública sobre lo sucedido en torno a decisiones que se han tomado desde el Poder Judicial, criticando que, tras la elección del Poder Judicial y que fue renovado, acusaron que se "volvía vulnerable al Poder Judicial" y acababa con la independencia judicial.

Otros casos se han registrado recientemente: el activista Miguel Alfonso Meza también enfrenta una sanción por violencia política de género, al señalar que Silvia Rocío García, ahora jueza en el estado de Chihuahua, fue abogada de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa. El Tribunal de aquella entidad ordenó a Meza emitir una disculpa pública en sus redes sociales a la jueza, eliminar las publicaciones relacionadas al tema de sus redes sociales, así como la inscripción del activista en el registro estatal y nacional de personas sancionadas por violencia política de género, por un periodo de 180 días.

Quizá el caso más emblemático fue el de Karla Estrella quien, en 2024, acusó de nepotismo a Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena, así como a su esposa, Diana Karina Barreras, quien aspiraba entonces a una diputación pero no fue mencionada en un tuit de la red social X. Su condena judicial fue que tuvo que disculparse por 30 días.

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Por lo tanto, Paulina Rubio señaló que los casos marcan un antecedente relacionado a la libertad de expresión en el país.

"Son varios los casos que nos preocupan que estén siendo muy, pero muy lamentable precedente de lo que significa la libertad de expresión y las libertades de todos los mexicanos. Casos como estos deben encender las alarmas, de revisar cuál está siendo el actuar de las autoridades jurisdiccionales y por supuesto, teniendo como cometido que debemos proteger los derechos de la libertad y los derechos de los ciudadanos y no actuar de manera facciosa, protegiendo a quienes están en el poder".

El llamado parece que tendría eco pues el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, del TEPJF, propuso un proyecto en el cual se plantea que las conversaciones privadas no pueden ser tomadas como pruebas lícitas en juicios electorales, poniendo punto final al caso de la activista Emma Zermeño.

YC