CDHJ emite recomendaciones a Jalisco por 66 desaparecidos
El organismo documentó la actuación deficiente de las autoridades en la investigación y la victimización secundaria sufrida por los familiares
Este lunes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) informó sobre la emisión de la Recomendación 34/2025, la cual concentra peticiones a diversas autoridades por 63 quejas relacionadas con la desaparición de 66 personas. Dichas desapariciones, dijo, ocurrieron entre 2002 y 2024 en 15 municipios del Estado, incluyendo Arandas, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tala, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.
De las 66 personas desaparecidas, señaló la CEDHJ, seis eran mujeres y sesenta hombres. Las edades de las víctimas oscilaban entre los 16 y los 71 años. "Lamentablemente, solo 12 de las personas han sido localizadas, y todas ellas fueron encontradas sin vida", indicó la Comisión mediante un comunicado.
Resultados de las indagatorias
Tras las indagatorias, la CEDHJ documentó la actuación deficiente de las autoridades en la investigación, la nula o poca acción efectiva de búsqueda y la victimización secundaria sufrida por los familiares. Se determinó que el actuar de las autoridades constituyó una multiplicidad de violaciones de derechos humanos, incluyendo los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, al acceso a la justicia, a la integridad y seguridad personal, a la vida y a la verdad, dijo el organismo.
Lee también: Accidente en Carretera a Nogales; se reportan 40 lesionados
"Las víctimas indirectas señalaron como común denominador la dilación en la integración de las Carpetas de Investigación por parte del Ministerio Público y los policías investigadores de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas (VPD)", señaló.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) fue señalado en once casos por incumplir los protocolos, generando actuaciones tardías, deficientes u omisas. Específicamente, se criticó la tardanza en los resultados de las confrontas genéticas con Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), lo cual ha impedido la localización de 54 personas y el conocimiento de la identidad de los responsables. De manera similar, se atribuyó una situación anómala a la Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco (Cobupej) por haber dejado de realizar acciones de búsqueda para una persona por casi dos años, indicó la CEDHJ.
En dos casos, se acreditó la presunta desaparición forzada. En el primer caso, se señaló a personal de la Comisaría de Seguridad Pública de Tala. Se documentó que, a pesar de que la VPD tuvo conocimiento de la probable participación de policías municipales (incluyendo reportes sobre la patrulla T-40), no inició ni concluyó una línea de investigación que permitiera confirmar o descartar la hipótesis de desaparición forzada. La defensoría consideró endeble el informe de los policías municipales, quienes negaron haber tenido contacto con las personas desaparecidas.
En el segundo caso, se demostró la responsabilidad de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal de Arandas en la desaparición forzada de una persona. La inspección ocular de la Carpeta de Investigación evidenció que los elementos detuvieron a la víctima, que no fue puesta a disposición de la autoridad municipal, y que el superior jerárquico no realizó acciones internas para determinar el paradero de la víctima.
Te recomendamos: ¿Por qué Jalisco quedó fuera del plan de expansión eléctrico de la CFE? Analista responde
Fallas en la Fiscalía de Jalisco
En el caso de la Fiscalía de Jalisco, la CEDHJ documentó fallas en la integración de carpetas de investigación, falta de diligencia reforzada y ausencia de una atención adecuada a las víctimas. Por ello, ordenó la inscripción inmediata de personas afectadas ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, así como la apertura de procedimientos internos para determinar responsabilidades administrativas de agentes del Ministerio Público y otros servidores públicos involucrados. Además, exigió que se aceleren investigaciones específicas, se aplique de manera obligatoria el protocolo de feminicidio en muertes violentas de mujeres y se informe semestralmente sobre los avances en búsqueda, localización y judicialización de los casos.
El organismo también señaló deficiencias estructurales en la capacitación del personal ministerial, por lo que recomendó una reeducación en materia de derechos humanos y protocolos de desaparición, así como campañas públicas de prevención y búsqueda, tanto en plataformas digitales de la Fiscalía como en medios públicos estatales. Como consecuencia de estas omisiones, las y los funcionarios implicados serán inscritos en la Plataforma Estatal de Servidores Públicos por violaciones a derechos humanos.
Respecto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la CEDHJ advirtió fallas en los procesos de identificación humana y en la trazabilidad de cuerpos y restos. La recomendación obliga a reforzar la aplicación de protocolos forenses, mejorar los controles administrativos y establecer canales de comunicación claros con las familias, a quienes se deberá informar con precisión sobre los tiempos y alcances de los procesos de identificación.
A la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, se le instruyó reactivar búsquedas estancadas, incorporar de manera efectiva a las familias en la definición de estrategias y revisar la actuación de su personal ante posibles responsabilidades administrativas.
En el ámbito municipal, los ayuntamientos de Tala y Arandas fueron señalados por obstrucción, omisiones policiales y falta de colaboración. Ambos deberán integrar estas resoluciones a los expedientes laborales de los funcionarios implicados, reforzar la capacitación de sus corporaciones y asumir que las conductas documentadas quedarán registradas oficialmente como violaciones a derechos humanos, incluso en los casos de servidores públicos que ya no se encuentran en funciones.
Te puede interesar: Salinas Pliego reacciona a resolución de la SCJN en favor del SAT
* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
FF