Controlaría interna del Congreso abrió 20 procesos por faltas administrativas
En más de un año de actividades, la contraloría no ha emitido ninguna sanción
La Contraloría interna del Congreso tiene en proceso 20 carpetas de investigación por presuntas faltas administrativas cometidas por personal del Poder Legislativo, aunque por el momento ninguna ha concluido, informó Raúl Bermúdez Camarena, titular del área.
A poco más de un año de la creación del órgano interno de control del Congreso aún no ha emitido sanciones.
“Tengo alrededor de 20 investigaciones de distintos hechos, de distintos supuestos de violación a la ley de responsabilidades administrativas, estamos en el proceso. Hay investigaciones por incumplimientos de contratos, servidores públicos que no cumplen con sus obligaciones establecidas en la ley, entorno a eso giran las investigaciones”, comentó.
El pasado mes de mayo se inició una investigación por presuntas irregularidades cometidas en el proceso de licitación para la compra de mobiliario de oficina; se detectó que las bases de la licitación, aprobadas por el Comité de Adquisiciones del Poder Legislativo, fueron modificadas y se publicó un documento diferente.
El órgano interno de control del Congreso investiga a personal que se habría excedido en sus funciones, presuntos aviadores, a proveedores y empleados que estarían involucrados en irregularidades; entre otros asuntos.
Revisan contratación de parientes
El contralor del Congreso confirmó que inició investigación de oficio en los casos de las diputadas Refugio Ruíz Moreno, JuanaCeballos y AnahíOlguín; quienes podrían haber incurrido en una falta administrativa por conflicto de intereses, al contratar a familiares directos. El funcionario señaló que, aunque entre el personal del Congreso era un secreto a voces que legisladores emplearon a parientes, no había recibido denuncias sobre el asunto. Las investigaciones se iniciaron tras publicaciones en medios de comunicación. La revisión de los casos de las diputadas llevaría alrededor de cuatro meses.
En caso de que los hechos se califiquen como una falta grave, el asunto se remitiría al Tribunal de Justicia Administrativa para que determine la posible sanción, que podría ir desde una multa hasta la inhabilitación.
JA