Para acortar las diferencias salariales entre hombres y mujeres que laboran en administraciones públicas, diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron ajustes a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios con la intención de garantizar sueldo igual a trabajo igual entre quienes ocupen el mismo cargo, sin importar el género. La modificación no considera a trabajadores del sector privado. En el texto de la reforma se advierte que los sueldos de los servidores públicos deberán determinarse respetando el principio de trabajo igual salario igual, eliminando las diferencias salariales entre hombres y mujeres. También se modifica la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para incluir la obligación de vigilar que no exista discriminación laboral por cualquier motivo, por parte de patrones o empleadores, promoviendo la igualdad y la no discriminación tanto en la oferta de empleos como en la estabilidad, remuneración y desarrollo laboral. "Con esta reforma lo que estamos buscando es que se hagan adecuaciones presupuestarias y se revise la nómina para que reciban el mismo sueldo el hombre y la mujer, se evite este tipo de discriminación laboral y cerremos esta brecha salarial", comentó la diputada Rocío Corona, presidenta de la comisión; refirió que no tienen información sobre la brecha salarial por género en el servicio público. Además, se instruye a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Instituto Jalisciense de las Mujeres que presenten un informe anual de los resultados de las actividades que para abatir la desigualdad laboral en materia de género se han llevado a cabo en el estado, que incluya las necesidades y desafíos identificados en la materia. Armonizan Código Penal para endurecer sanción por peculado La comisión también avaló la armonización del Código Penal del Estado con la Ley de Responsabilidad Administrativa para incluir las sanciones por el delito de peculado y ampliar el catálogo de penalidades. Con esto el castigo será de tres meses a seis años de prisión, además de multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos de uno a diez años; cuando el daño al erario sea hasta 16 mil 120 pesos. El castigo aumenta conforme a la cuantía del peculado para llegar hasta 12 años de prisión y hasta 20 años de inhabilitación. Estas sanciones se aprobaron desde el año como parte de las reformas del Sistema Anticorrupción del Estado. También avanzaron modificaciones a la Ley de Coordinación Metropolitana para que la declaratoria de área o región metropolitana, pueda modificarse para incluir o reducir algún municipio a partir de la petición de la propia administración municipal o del titular del gobierno estatal. Adicionalmente los legisladores avalaron incluir como causal de juicio político las violaciones de derechos humanos relacionadas con la materia urbanística que generen deterioro a la calidad de vida. LS
