Sheinbaum rechaza la “Mayor’s List”
En agosto de 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador no cumplía aún su primer año de gobierno, vino el amago de su homólogo Donald Trump de incluir a México en la lista de 22 países que podrían ser “descertificados” por incumplir compromisos internacionales en el combate al narcotráfico, como lo recordábamos ayer aquí, cuando presentó ante el Congreso de Estados Unidos un informe similar al que envió el miércoles pasado, que se le conoce también como la “Mayor’s List”, en el que, además de presentar una lista de los países que considera mayores productores de drogas ilícitas y con rutas de trasiego, pide también al gobierno de Claudia Sheinbaum detener a funcionarios públicos mexicanos coludidos con el narco.
Desde su primer periodo de gobierno, pues, era claro que a la administración Trump no le convencía para nada la especie de “Pax Narca” que, en los hechos, aplicaba el gobierno de López Obrador desde el arranque de su gobierno. Dos meses antes de que terminara su sexenio, Estados Unidos hizo lo necesario para que el capo mayor de México, Ismael “El Mayo” Zambada, fuera llevado ante la justicia estadounidense.
En aquel momento que Trump reactivó esta nueva modalidad de “certificación”, lo hacía claramente ya en su campaña en marcha de cara a su intento fallido de reelección, para quedar bien con su base electoral.
La respuesta del gobierno de López Obrador, que se hizo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de forma inmediata, fue plantear que el combate de las drogas era un tema regional que implicaba a todos los gobiernos y exigió mayor control en la comercialización y tráfico de armas de alto poder que venían de Estados Unidos y quedaban en manos de los grupos delincuenciales.
Esta vez Trump ya no se puede reelegir, pero sigue con estos amagos que no deja de enviar Washington desde abril pasado, que pidieron la detención del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y compañía, al acusarlos de estar coludidos con el crimen organizado.
Aunque ahora el gobierno de Trump reconoce que hay mayores esfuerzos y un cambio evidente en la estrategia de combate al narco de los “abrazos y no balazos” del pasado sexenio, la Presidenta Sheinbaum le reviró ayer a su homólogo estadounidense al afirmar que México no necesita evaluaciones externas ni que “nos juzguen desde afuera”. No sólo eso, exigió también que Estados Unidos informe sobre el combate a quienes distribuyen y venden la droga y sus niveles de consumo en aquel País, así como sus acciones contra el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.
Lo cierto es que, aunque la Presidenta aseguró que en México se está actuando y se procede legalmente cuando se comprueban vínculos de servidores públicos con hechos delictivos, esas acciones han sido, a todas luces, insuficientes para erradicar el innegable poder e impunidad con que se siguen moviendo en México los capos del narcotráfico por la protección institucional con la que cuentan. Así lo consideran muchos mexicanos que padecen la violencia y la devastación de sus comunidades por la depredación de las mafias delincuenciales.