Ruffo, rehén político
Ernesto Ruffo -73 años- es el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, el hombre que en 1989 le arrebató Baja California al PRI y abrió la puerta a la transición democrática. Hoy duerme en el Altiplano, en prisión preventiva, vinculado a proceso por una colosal red de huachicol fiscal.
El dato no es menor, no hablamos de un operador logístico anónimo, hablamos del símbolo de que sí se podía ganarle al sistema. Empresario pesquero de Ensenada, alcalde, gobernador, senador, con una trayectoria de más de 35 años sin una sola sentencia por corrupción. Ruffo tenía apenas el 30% de la empresa Ingemar, sin poder de decisión operativa ni de administración, ¿qué necesidad de exponer su prestigio histórico, de exponer su nombre en una maniobra de contrabando?
La Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. La historia presentada es conocida: 15 millones de litros asegurados en 129 vagones en Coahuila, una red que habría movido 800 millones de litros en 15 meses, con un daño de 4 mil millones de pesos al erario, declarando solo el 10% del producto importado. La UIF congeló sus cuentas y la empresa Ingemar, vinculada a su familia, está bajo resguardo. Que se investigue el huachicol fiscal es obligación del Estado, que se haga con justicia selectiva es una traición a esa obligación.
Mientras la Fiscalía despliega todo su aparato contra un exgobernador de 73 años sin fuero, sin cargo y sin estructura de poder, se acumulan señalamientos públicos, reportajes, auditorías y denuncias ciudadanas, y además pesa la solicitud formal de Estados Unidos de que les sea entregado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por una Corte de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y por la cual Washington solicitó su detención provisional con fines de extradición, y donde también a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, le fue cancelada la visa por el gobierno estadounidense, sin que a la fecha haya una explicación oficial clara al respecto. Es obvio para la opinión pública que se protege a los de Morena. Se usa el caso Ruffo para desviar la atención de lo verdaderamente urgente: la inseguridad que desangra a Sinaloa, con una guerra abierta entre facciones del Cártel de Sinaloa y lo que ocurre en Baja California con Tijuana como la ciudad con más homicidios en el país, el cobro de piso desbordado en Mexicali y Ensenada, las desapariciones de jóvenes y la crisis migratoria y de fentanilo en la frontera.
Reunido con los exgobernadores del PAN, el expresidente Vicente Fox encabezó el respaldo a Ruffo afirmando: “Meto las manos al fuego por Ernesto Ruffo”. En un comunicado lo calificó como un mexicano íntegro, honesto y comprometido con México, advirtiendo que su detención es una señal preocupante, solicitando le sea permitido enfrentar su proceso en libertad. “No está en juego solo el prestigio de una persona, sino los principios que hicieron un país más libre”.
La pregunta final para todos es: ¿Cuánto aguantará México aplicando la justicia a discreción, con cárcel para los opositores ejemplares y manto de impunidad para los aliados al poder?