Rocha Moya, en la ruta de Naasón y Maduro
El fiscal federal estadounidense Jay Clayton se encargó de la recolección de las evidencias delincuenciales que se presentaron ante el Gran Jurado en la Corte Federal de Manhattan, del Distrito Sur de Nueva York, contra el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín, por delincuencia organizada (cargo independiente a los de abuso sexual infantil por los que está preso en California), así como para hacer la acusación formal por narcotráfico contra el ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y ahora contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, también con licencia, Juan de Dios Gámez, y otros siete funcionarios y ex funcionarios de la clase política, gubernamental y policial de Sinaloa.
Seguramente por eso no le sorprendió que el viernes pasado, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República (FGR), desestimó las evidencias que envió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para pedir la extradición de Rocha Moya y su círculo cercano por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, al señalar que no existían pruebas anexas que acrediten la comisión de un posible crimen. Dijo: “El pedimento que nos ocupa, no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar por qué de la urgencia, de la detención provisional (…) igualmente advertimos, en una primera instancia, que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acredite la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”, y advirtió “la difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso”.
Sabe que al igual que nunca estuvo detenido en México el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, detenido en Estados Unidos y quien seguramente contó de los sobornos al gobernador Rocha Moya, tampoco a este último se le investigó, al igual que siempre sucedió con el líder de la Luz del Mundo, desde que a su abuelo el fundador de esa iglesia, Aarón Joaquín y a su padre Samuel, el sucesor, también los acusaron en México de abusos sexuales a menores y la justicia mexicana nunca los persiguió ni los cometió a juicio.
Con todos esos antecedentes de impunidad en México, el conocido como el Fiscal de los “casos pesados” y de alto perfil, especializado en combatir el narcotráfico internacional y a sus “narcoterroristas”, así como las redes criminales de corrupción pública, estará muy pendiente de la petición que hará México, por instrucción de la FGR a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a Estados Unidos para que amplíe la información contra el gobernador sinaloense en pausa y los otros nueve servidores y ex servidores públicos sinaloenses.