Pocas empresas pagan el 39% del ISR

El discursito se lo saben todos los mexicanos, porque nos ha tocado escucharlo alguna vez y en su gran mayoría, son de esos argumentos que es muy fácil de creer sin verificar: las grandes empresas en México simplemente no pagan impuestos, o si se da el caso de que los paguen, es porque se pelearon con el gobierno o porque han negociado condiciones especiales con el poder. Esta idea es muy atractiva para repetir entre numerosas capas de la sociedad y alimenta una narrativa de que el país se financia a pesar de ellas, no gracias a ellas. Los datos, sin embargo, cuentan una historia distinta.

De acuerdo con el análisis que publicó México Evalúa, en 2024 las empresas mexicanas aportaron la mitad de todo lo recaudado por Impuesto Sobre la Renta: 1.3 billones de pesos. Dentro de ese universo, las llamadas grandes contribuyentes —empresas con ingresos anuales superiores a 500 millones de pesos— pagaron 78% del ISR de todas las personas morales. Es decir, las grandes empresas aportaron más de tres cuartas partes de todo el pago de ISR que se hizo en México por parte de las empresas o el 39% de todo el ISR recaudado en el país, incluyendo ahora sí, trabajadores asalariados.

Es natural que las grandes empresas paguen más, porque simplemente ganan más dinero. Pero la parte que pocas veces le ponemos atención es cuántas empresas son. Hacienda registró 623 mil empresas con pago de ISR en 2024. De ellas, apenas 12 mil 447, menos del 2% del total, califican como grandes empresas. Es decir: un grupo que representa 2 de cada 100 empresas del país sostiene, por sí solo, 39 de cada 100 pesos que México recauda por este impuesto.

Esto no es anecdótico ni casualidad. Es la base sobre la que se construye buena parte del gasto público en salud, educación, infraestructura y programas sociales. Cuando una gran empresa cierra, se muda o simplemente deja de crecer, no es solo una nota en la sección de negocios: es un agujero fiscal que se abre en las cuentas de la recaudación pública del país y que, por obvias razones, significará que alguien más, ya sean los consumidores, trabajadores, otras empresas o el propio Estado vía deuda, tendrán que llenar.

El ISR empresarial en México representó 3.9% del PIB en 2022, según la OCDE, prácticamente en línea con el promedio de América Latina y con el promedio de los propios países miembros de la OCDE. Este dato desmiente el discurso de que, en México, por su corrupción, las empresas contribuyen menos, en proporción, que en otras economías comparables.

Por supuesto que esto no significa que el sistema sea perfecto, ni que no haya casos de corrupción o de beneficios fiscales por ser de los consentidos del gobierno en turno. Esos casos existen y deberían de investigarse y castigarse. Pero eso no tiene nada que ver con afirmar que el empresariado, y en particular el grande, es por definición un evasor o un privilegiado.

Satanizar a quienes más aportan al erario no es un acto de justicia social, es simplemente contraproducente. Un país que necesita más recaudación para financiar su gasto no debería estar interesado en ahuyentar, con retórica o con incertidumbre regulatoria, a las empresas que ya sostienen buena parte de ese gasto. Lo sensato, más bien, sería ampliar la base: tener más empresas formales y productivas que compartan esa responsabilidad fiscal, en lugar de depender de que unas cuantas carguen con casi 4 de cada 10 pesos de ISR.

Sin la contribución de las empresas, y en particular de las grandes, sería inviable sostener el nivel de gasto público que hoy tiene México. Es por eso que aquí tenemos otra de las razones por las que es tremendamente negativo que el país tenga tasas de crecimiento tan bajas que rayan en el estancamiento. Crecimientos cercanos al cero, significa que la economía formal, la que paga impuestos y en la que se encuentran estas grandes empresas, no está teniendo buenos resultados.

Menos dinamismo significará siempre menores ventas y menores ingresos. Lo que se traduce en menores dineros transferidos hacia las cuentas del SAT. Que el país se llene de tianguis y de negocios informales, puede resolver en el corto plazo el problema de la necesidad de emplearse para miles de mexicanos que buscan generarse algún ingreso. Pero también representa la pérdida de ingresos fiscales que no se recaudarán y que, por lo tanto, no podrá gastar el gobierno.

Una de las prioridades económicas de cualquier gobierno, debería ser cuidar las condiciones que permiten que más y mejores empresas se crean y lleguen al país. Sin éstas, mejorar el nivel de vida de las personas se volverá imposible.