Morir en custodia

José Guadalupe Ramos Solano murió en un centro de detención migratoria en California. No es un caso aislado: es el número catorce.

Catorce mexicanos muertos bajo custodia del ICE desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump no constituyen una anomalía estadística. Constituyen un patrón, y más aún, un mensaje.

Durante años se insistió en que la detención migratoria era un procedimiento administrativo: ordenar, procesar, eventualmente deportar. Esa ficción ya no se sostiene. Hoy, el sistema no oculta su verdadera naturaleza: contener, castigar, disuadir, a cualquier costo.

Las causas de muerte, enfermedades mal atendidas, suicidios, operativos, no explican el problema: lo revelan. Porque no se trata de cómo mueren, sino de por qué mueren ahí. En instalaciones como Adelanto, operadas por empresas privadas, donde el encierro no solo administra personas: administra contratos, camas ocupadas y presupuestos garantizados. Ahí, la frontera dejó de ser geografía para convertirse en industria.

No es un sistema que falló. Es un sistema que funciona.

También en el lenguaje se delata. Cuando una institución nombra a los detenidos —incluso muertos— como “criminales ilegales”, no está describiendo: está justificando. Primero se reduce a la persona; después, la negligencia deja de ser escándalo y se vuelve rutina. La muerte, entonces, deja de ser tragedia y pasa a ser un costo operativo.

Frente a esto, la respuesta mexicana había sido previsible: notas diplomáticas, reclamos formales, inconformidades. Catorce notas para catorce muertos. No es una estrategia. Es un registro.

Por eso importa el giro reciente. Que México decida intervenir en tribunales estadounidenses y llevar el tema a instancias internacionales no es solo un cambio de tono; es el reconocimiento de un límite. La cortesía diplomática ya no alcanza cuando lo que está en juego no es un desacuerdo bilateral, sino la vida de sus ciudadanos.

Pero incluso ese viraje abre una pregunta incómoda: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado mexicano? Defender a sus migrantes implica algo más que acompañar a las familias o escalar el lenguaje. Implica confrontar un modelo que ha normalizado la crueldad y que, además, es políticamente rentable.

Porque eso es lo más inquietante: estas muertes no ocurren a pesar del sistema.

Ocurren dentro de él.

Y mientras sigan siendo tolerables, administrativa, política y diplomáticamente, seguirán ocurriendo. No habrá nota diplomática suficiente, ni declaración lo bastante firme, que sustituya la ausencia de consecuencias reales.

Cuando la muerte no altera el sistema, lo confirma. Y un sistema que no se corrige frente a la muerte, en realidad, ya decidió aceptarla.

Fe de precisión en la columna: “Parque de la Revolución: Restaurar no es remodelar”, la autoría proyectual y constructiva referida corresponde a la firma Barragán y Garibi —Ing. Jesús Garibi Velasco e Ing. Juan José Barragán—, no a Luis Barragán.

paola.nadine@gmail.com