La silla de México en Washington
Una gran mesa se prepara en Washington. Sobre ella habrá carpetas, vasos de agua y placas con los nombres de más de sesenta países. Alrededor se sentarán ministros, diplomáticos y responsables de seguridad convocados por el secretario de Estado, Marco Rubio, para discutir lo que el Gobierno de Donald Trump llama el “resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”. Entre esos lugares estará el de México.
En la sala habrá también una presencia sin placa: la guerra en Irán. Estará en los informes de inteligencia, en la vigilancia financiera, en el temor a represalias y en las amenazas contra el presidente estadounidense. Washington observa un escenario donde confluyen violencia ideológica, terrorismo patrocinado por Estados y redes criminales.
La escena parece una ceremonia diplomática más, pero en realidad, expresa un cambio profundo en la forma en que Estados Unidos ordena los riesgos del mundo y define a sus aliados. México deberá decidir cómo ocupar su silla: con una presencia activa y una posición propia, o tomando distancia de una conversación que seguirá produciendo consecuencias aun sin nuestra participación.
La reunión del 16 de julio forma parte de una estrategia más amplia. La nueva doctrina antiterrorista estadounidense coloca entre sus prioridades a los cárteles y pandillas transnacionales, a las organizaciones islamistas y a los llamados extremistas violentos de izquierda. Washington busca identificar estructuras y conexiones internacionales.
Semanas antes, el Departamento de Estado instruyó a más de veinte embajadas estadounidenses, incluida la de México, para recabar información sobre organizaciones de extrema izquierda. El cable permanece reservado, pero los reportes indican que se solicitó investigar su presencia, actividades y posibles vínculos transnacionales. Algunas representaciones cuestionaron el diagnóstico de Washington.
Fue una comunicación interna, no una exigencia formal enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su importancia radica en que pone en evidencia que Washington ya construye un mapa de nombres, conexiones y recursos que podría sustentar designaciones terroristas, restricciones migratorias, sanciones financieras o nuevos intercambios de inteligencia en momentos de tensión por las solicitudes de extradición en curso sobre políticos mexicanos.
México tiene razones legítimas para examinar con cuidado esta agenda. La expresión “extrema izquierda” abarca un territorio demasiado amplio y políticamente cargado. En una democracia deben distinguirse las ideas radicales, la protesta social, los delitos violentos y el terrorismo organizado. Una consigna pertenece al debate público; la preparación de atentados y la organización sistemática de la violencia pertenecen al ámbito de la seguridad y la justicia.
La misma precisión debe aplicarse a la amenaza iraní. La existencia de conspiraciones o posibles represalias no autoriza a convertir comunidades enteras, expresiones religiosas o posiciones críticas frente a Estados Unidos en objetos de sospecha. La inteligencia eficaz separa el ruido político de la capacidad real de causar daño.
México ocupa una situación singular. Para una nación distante, declinar la reunión puede reducirse a un gesto diplomático. Para nuestro país, cada nueva definición estadounidense en seguridad atraviesa una frontera compartida, una relación económica integrada y una cooperación cotidiana en inteligencia, migración, armas, fentanilo y delincuencia organizada. Lo que Washington clasifique como amenaza puede afectar visas, cuentas bancarias, organizaciones civiles, universidades y mecanismos bilaterales de información.
La guerra en Irán agrega otra razón para estar presentes. Si el conflicto genera operaciones clandestinas o atentados fuera de Medio Oriente, México adquirirá relevancia por su proximidad con Estados Unidos, sus rutas internacionales, su sistema financiero y la intensidad de los flujos comerciales. Esto no supone que exista hoy una red iraní operando en territorio mexicano, sino que cualquier modificación de la seguridad estadounidense generará nuevas solicitudes de cooperación.
Participar tampoco significa aceptar sin reservas la doctrina de la Casa Blanca. México puede acudir con principios claros: condenar la violencia política cualquiera que sea su origen; cooperar contra conspiraciones patrocinadas por gobiernos extranjeros; exigir evidencia individualizada antes de compartir información; proteger la libertad de expresión y la protesta legítima; garantizar el debido proceso; y definir el terrorismo por sus métodos y efectos, no por la identidad ideológica de sus autores.
México posee una experiencia propia que debe llevar a la mesa. Nuestra principal amenaza contra la vida pública proviene de organizaciones criminales capaces de controlar territorios, asesinar candidatos, capturar gobiernos municipales e intervenir en procesos electorales. Esa realidad enseña que la violencia política puede vestirse con discursos distintos y que su peligrosidad reside en la fuerza con la que sustituye a las instituciones.
La política exterior exige presencia y capacidad para defender intereses propios. La autonomía pierde eficacia cuando se transforma en aislamiento. Participar permite conocer qué información circula, expresar reservas y evitar que definiciones demasiado amplias alcancen actividades legítimas.
Cuando comience la reunión, cada placa representará algo más que un país: la voluntad de influir en las reglas que están naciendo. México debe ocupar su silla con serenidad, firmeza y claridad jurídica. La soberanía también se ejerce allí, donde las naciones de Occidente nombran sus amenazas y deciden cómo enfrentarlas.