La inversión que amerita explicación
En México somos un país desconfiado, pero prevenido. Tenemos tantas dificultades en contar con elementos probatorios para demostrar el peculado o cohecho que hasta contamos con un tipo penal de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el Código Penal se comete este delito cuando un servidor público “no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño”.
Y, complementariamente, pedimos a los funcionarios que declaren su patrimonio e intereses. Esto, no porque dudemos de todos ellos, sino porque muchos han abusado. El funcionario honesto, que los hay, no debería temerle a la declaración patrimonial.
Aquí el problema empieza cuando una diputada reconoce que presuntamente fue defraudada con 13 millones de pesos que invirtió, en efectivo, entre 2020 y 2022.
Obviamente es grave la acusación sobre la posible existencia de un esquema de defraudación, pero en este caso se activan muchas señales de alerta sobre los recursos invertidos.
No es que esté prohibido tenerlos. Lo que inquieta es que existe una diferencia significativa entre esa cantidad y sus ingresos declarados que amerita verificación.
En 2019, aun como regidora de Zapopan, su ingreso anual total ascendía a un millón 330 mil pesos y, ya como diputada, su dieta ascendía a una cantidad similar.
Si bien aclara que el monto por el que denunció no correspondía exclusivamente a ingresos propios, sino que deriva de préstamos bancarios y familiares, ¿qué entidad financiera presta en efectivo?, ¿qué familiar tenía esas cantidades disponibles en efectivo?, ¿no le pareció raro que le exigieran que la inversión se efectuara en efectivo? Son preguntas prácticas, no malintencionadas.
Por esto son importantes las declaraciones patrimoniales. Son mecanismos preventivos para evitar que el dinero, los bienes y las deudas aparezcan por generación espontánea o a conveniencia. En estas, los servidores públicos declaran sus ingresos, deudas y bienes, así como los de sus cónyuges y dependientes económicos.
Se dice que las declaraciones previenen la corrupción y pueden servir como un mecanismo para disuadir el enriquecimiento ilícito, así como cumplen con una función de legitimidad pública. Pero esto solo es cierto si alguien las lee. De lo contrario, sirven como muchos documentos públicos en México, para llenar archivos.
En los últimos años hemos descubierto que los patrimonios paralelos de funcionarios cada vez son más comunes. Entre los acreedores de Yox Holding, empresa declarada en quiebra y acusada de operar bajo un esquema Ponzi, se encuentran un excoordinador de seguridad pública y otra exdiputada local. Con relación a este caso existieron sanciones por omitir incluir dicha inversión o crédito en la respectiva declaración.
Por eso, la declaración patrimonial no es un mero trámite, sino una herramienta de vital importancia para el Estado de derecho. Cuando el patrimonio es claro, no hay ningún problema. Cuando no lo es, el problema no es meramente contable, sino político ante la ruptura de la legitimidad.
El caso de la diputada Mónica Magaña pudiera tratarse de un malentendido, que sea fácilmente justificable con los documentos que permitan identificar la trazabilidad y fecha de las operaciones. Pero, sin lugar a dudas, obliga a que el órgano interno de control (OIC) inicie una investigación.
El sistema estatal anticorrupción, presidido por la maestra Neyra Godoy, tiene una gran oportunidad de acompañar al OIC para garantizar la transparencia y seriedad de las acciones ejecutadas.
La verificación patrimonial no prejuzga culpabilidad, protege la legitimidad institucional y, al mismo tiempo, de demostrarse la legalidad del patrimonio, puede asegurar una recuperación de la confianza en duda.