La fiscal general de la Presidenta
La trayectoria profesional de Ernestina Godoy es intachable. Desde 1985, como abogada, instaló un despacho que brindaba atención jurídica gratuita a las víctimas del sismo que devastó la Ciudad de México, e incluso como fiscal de la capital, encabezó las pesquisas del llamado “cártel inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez.
Pero su trayectoria política -estrechamente ligada al oficialismo-, sí abre dudas sobre su llegada a la Fiscalía General de la República (FGR).
Es verdad que la ley no prohíbe la cercanía política, pero el órgano máximo de procuración de justicia es constitucionalmente autónomo; su función es investigar incluso al propio Gobierno federal. Y es justo ahí donde la línea entre experiencia y subordinación se vuelve especialmente delicada.
Desde esa posición, ¿cómo esperar investigaciones sólidas sobre autoridades federales por parte de quien ocupó la Consejería Jurídica de la Presidencia? No se trata de un cuestionamiento personal ni de género: cualquier fiscal que llegara desde una posición estratégica dentro del Ejecutivo arrastraría el mismo conflicto de origen.
La decisión del Senado, dominado por una mayoría oficialista, estaba definida desde que Godoy fue nombrada fiscal interina. Como en los tiempos del priismo más poderoso, la firma decisiva para colocarla al frente de la institución fue la de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Ninguno de los perfiles inscritos para suceder a Alejandro Gertz Manero -futuro embajador de un país “amigo” que podría o no existir- tenía posibilidades reales. En México no basta con cubrir los requisitos técnicos (trayectoria jurídica, no haber ocupado dirigencias partidistas recientes, etcétera) para obtener un cargo de tan alto nivel. Se necesita respaldo político, y Ernestina Godoy lo tuvo ampliamente.
Que una mujer encabece por primera vez la FGR y que otra mujer encabece el Poder Ejecutivo es, sin duda, un hecho histórico. Lo mismo con quienes están al frente de la Secretaría de Gobernación y del Poder Legislativo. Pero el análisis institucional es otro: la cercanía entre una fiscal con pasado en el Ejecutivo y una Presidencia fuerte sí genera tensiones entre el ideal de autonomía y el control político. Es la misma discusión que habría con cualquier fiscal, sin importar su género.
La ratificación sin contrapesos reales envía un mensaje inequívoco: se erosiona la vigilancia institucional, se consolida el bloque oficialista y se asegura la continuidad del proyecto gubernamental en órganos que -al menos en la teoría, nunca del todo cumplida en México- tendrían que actuar como árbitros del sistema penal.
También es cierto que, técnicamente, la Constitución no se ha violado. La FGR seguirá siendo autónoma en diseño, pero su autonomía práctica dependerá de cómo actúe Godoy frente a casos sensibles: corrupción, crimen organizado, desvío de recursos públicos y omisiones del propio Gobierno.
La interrogante está ahí, y es legítima: ¿actuará con independencia una fiscal que proviene directamente del círculo jurídico presidencial?
La respuesta aún no existe. Si busca despejar dudas, Godoy tiene una lista amplia de expedientes de alto impacto que requieren avances creíbles: el caso Ayotzinapa; el entramado de “huachicol fiscal” que involucra a mandos de las Fuerzas Armadas; la investigación al ex presidente Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht; el caso de “La Barredora” en Tabasco, que impacta al actual senador y ex secretario de Gobernación Adán Augusto López; y las indagatorias sobre presunto enriquecimiento ilícito del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Si Ernestina Godoy demuestra independencia en estos casos, la percepción podrá cambiar; si no, su cercanía política confirmará las dudas y el relevo con Gertz Manero será, como él mismo lo fue, meramente ornamental.
Desde la óptica política, este nombramiento asegura la continuidad del oficialismo dentro de un órgano estratégico, especialmente rumbo a los procesos penales de alto perfil y a la transición gubernamental.
Su prueba ya comenzó y el país entero la observa. Que la primera mujer al frente de la FGR ejerza el cargo con el mismo rigor frente a aliados, funcionarios y opositores será determinante para saber si su gestión fortalece o debilita la autonomía de una Fiscalía que nació -pero nunca terminó de consolidarse- como contrapeso del poder.
isaac.deloza@informador.com.mx