El sistema
Hace algunos días, detrás de sus anteojos redondos y su barba blanca, un amigo me hablaba de su confianza en que “el sistema” terminaría por corregir algunas de las anomalías que hoy atraviesan la política mexicana. No se refería a una institución en particular, sino a algo parecido a una fuerza interna, construida a lo largo del tiempo, capaz de contener los excesos, corregir desviaciones y reconducir el orden cuando personas o grupos pretenden llevarlo demasiado lejos.
La conversación me llevó de nuevo a algunas ideas aprendidas hace muchos años, en los debates sobre constitucionalismo y derechos humanos que tenían en Gregorio Peces-Barba, Norberto Bobbio y Luis Sánchez Agesta algunas de sus referencias. La Constitución aparecía allí no simplemente como un conjunto de normas, sino como la arquitectura que hace posible la convivencia entre quienes piensan distinto.
Ésa es, quizá, la verdadera razón de ser de una Constitución democrática. No sólo organiza el poder: establece sus límites y ofrece cauces para que los conflictos inevitables de una sociedad plural puedan resolverse sin romperla. El debate, los contrapesos, la representación política, la independencia de las instituciones y el respeto a los derechos no son obstáculos para gobernar; son precisamente los mecanismos que impiden que gobernar se convierta en imponer.
En el fondo de ese arreglo existe una convicción todavía más sencilla y más exigente: ninguna mayoría es permanente, ningún poder es absoluto y ningún proyecto político puede colocarse por encima de la dignidad de la persona.
Durante mucho tiempo dimos por supuesto que ese equilibrio era suficientemente sólido para resistir los excesos y corregir los errores. Hoy resulta más difícil tener la misma certeza.
No sólo en México. En muchas democracias se acumulan señales de desgaste: polarización, tentaciones autoritarias, debilitamiento institucional, normalización de la mentira, violencia política y disputas cada vez más ásperas en torno a las propias reglas electorales.
Nada de ello significa, por sí solo, que el sistema democrático esté a punto de quebrarse. Pero sí obliga a mirar con mayor atención aquello que lo sostiene. Porque una democracia no depende únicamente de que existan elecciones, tribunales o congresos, sino de que esos mecanismos conserven legitimidad, sean respetados y mantengan capacidad para procesar los conflictos sin convertirlos en rupturas.
Ése es quizá uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: preservar la capacidad de absorber tensiones cada vez mayores sin sacrificar las libertades, los contrapesos y las reglas que hacen posible la convivencia.
En ese contexto apareció hace unos días un artículo de la historiadora Margaret MacMillan con un título inquietante: Un nuevo orden mundial está llegando. No estamos preparados. Su reflexión se refiere al sistema internacional, pero contiene una idea que también resulta útil para observar lo que ocurre dentro de los países.
MacMillan advierte que los órdenes suelen parecer firmes hasta poco antes de dejar de serlo.
Las instituciones pueden seguir en pie, los procedimientos pueden continuar funcionando y la vida pública conservar una apariencia de normalidad. Sin embargo, por debajo de esa superficie pueden ir erosionándose elementos mucho más difíciles de recuperar: la confianza, la legitimidad, la aceptación de las reglas y la capacidad real de las instituciones para responder a los problemas de la sociedad.
Las crisis, además, rara vez llegan de una sola vez. Se acumulan. Una se administra, otra se pospone, una tercera encuentra una salida provisional. Y precisamente por eso el deterioro puede pasar inadvertido durante mucho tiempo.
Hasta que aquello que parecía una sucesión de problemas aislados comienza a revelar algo más profundo: no sólo fallas dentro del sistema, sino una pérdida gradual de su capacidad para corregirlas.
La reflexión adquiere una resonancia particular cuando se mira a México.
Tenemos problemas con los que hemos aprendido a convivir durante demasiado tiempo: regiones sometidas a la violencia y la extorsión; desapariciones y asesinatos que estremecen durante unos días antes de incorporarse a la estadística; escándalos de corrupción; incertidumbre económica y una discusión política cada vez más dominada por el pragmatismo de la acumulación de poder, en vez de por la construcción de acuerdos duraderos y una visión de largo plazo.
Cada uno de esos problemas puede parecer manejable por separado.
El riesgo comienza cuando, juntos, erosionan aquello que permite al país procesarlos.
México ha realizado en las últimas décadas una transformación extraordinaria. Construyó una democracia competitiva sin una ruptura revolucionaria, desarrolló instituciones electorales, amplió libertades, creó contrapesos y se integró profundamente a una de las regiones económicas más importantes del mundo. Es hoy una nación cuya dimensión económica, demográfica y cultural le permite aspirar legítimamente a desempeñar un papel mayor.
Pero ningún avance histórico es irreversible.
El verdadero peligro no reside solamente en una mala decisión de gobierno, en una reforma equivocada o en la acumulación de poder real en determinadas personas o grupos. Aparece cuando una sucesión de decisiones comienza a debilitar los mecanismos que permiten corregir los errores.
El sistema al que se refería mi amigo no es, entonces, una fuerza invisible que vendrá automáticamente a salvarnos. Funciona mientras existan instituciones capaces de limitar el poder; ciudadanos dispuestos a defender sus libertades; jueces que puedan juzgar; legisladores que puedan deliberar; una prensa que pueda preguntar, y gobiernos que comprendan que ganar una elección otorga un mandato temporal, no un poder sin límites.
El riesgo mayor aparece cuando alguien llega a pensar que destruir esos equilibrios puede ser útil para imponer una determinada visión política. Porque entonces ya no se discute solamente quién gobierna, sino si las reglas que permiten corregir al poder seguirán existiendo después.
Por eso México tiene hoy frente a sí un espejo que muestra con claridad el riesgo de alterar el acuerdo fundamental que permite cambiar sin romperse, procesar el conflicto sin convertirlo en ruptura y adaptarse a una realidad distinta sin renunciar a sus valores esenciales.
Porque, al final, la fortaleza de una democracia no se demuestra cuando todo marcha bien, se demuestra cuando llegan las crisis y conserva la capacidad de corregirse sin dejar de ser democrática.