Hace unos días, la Escuela Superior de Arquitectura organizó un foro para discutir la crisis del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Participaron tres especialistas: María González, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), desde el ámbito de las organizaciones sociales; Agustín del Castillo, periodista especializado en temas urbanos y medioambientales; y Hugo Briseño, desde la academia, donde dirige un centro de investigación sobre ciudades hidroadaptativas.Los tres coincidieron en que el problema involucra un modelo de gestión rebasado, un uso ineficiente y desigual del agua, un fuerte problema de contaminación con efectos nocivos en la salud pública, un modelo de desarrollo urbano que ha generado una expansión territorial insostenible y la manera en que la sociedad participa en las decisiones sobre este recurso.Para María González, hablar del agua exige reconocerla como un bien común y como un derecho humano. Desde esta perspectiva, uno de los principales problemas del AMG se encuentra en el modelo de gestión y administración del agua: un modelo centralista, obsoleto y basado fundamentalmente en grandes obras de infraestructura.Hugo Briseño coincidió en que el modelo de gestión está agotado y advirtió sobre la necesidad de evitar que la discusión se banalice. Señaló que durante años se han destinado importantes recursos a grandes proyectos de infraestructura como El Purgatorio, El Zapotillo y Arcediano, sin que éstos hayan resuelto de fondo el problema.Agustín del Castillo coincidió en el diagnóstico de un modelo de gestión rebasado, pero llevó la discusión hacia un problema más amplio: nuestra incapacidad como sociedad para comprender y enfrentar integralmente la crisis. Para él, se requieren tanto políticos a la altura del reto como una participación ciudadana mucho más amplia.Para María, el problema no termina en la gestión. Existe también una preocupación urgente por la calidad del agua que llega a los hogares: el agua sucia no es solamente la que llega de Chapala: existen deficiencias en los procesos de potabilización y contaminación cruzada que deben ser atendidas.A ello se suma la contaminación generada por actividades industriales. María cuestionó un modelo de industrialización que demanda grandes cantidades de agua, contamina ríos y lagos y concentra el recurso en pocas manos. La dimensión sanitaria de la crisis fue uno de los puntos que más le preocupó. Según los estudios realizados por IMDEC junto con universidades y otras organizaciones, se ha encontrado presencia de bacterias coliformes fecales y metales pesados como mercurio y plomo. Adicionalmente, a partir de 200 análisis del agua, se encontró falta de cloro en más de 90 colonias.María señaló que han documentado más de mil 500 casos de enfermedades dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias relacionadas con la calidad del agua. Una preocupación central es que determinadas sustancias tóxicas puedan bioacumularse en el organismo. Por ello, advirtió sobre el peligro de normalizar tanto la enfermedad como la distribución de agua de mala calidad: el problema debe ser tratado como un asunto de salud pública.La crisis también tiene una dimensión económica y social. María señaló que alrededor de 500 mil personas en el AMG no están conectadas a ningún sistema municipal de agua. Para quienes sí reciben el servicio, pero desconfían de su calidad, la respuesta muchas veces consiste en asumir individualmente el costo de resolver un problema que debería ser colectivo: filtros, sistemas de purificación, agua embotellada o pipas. De esta manera, la desigualdad en el acceso al agua no se expresa únicamente en quién tiene o no tiene agua, sino también en quién puede pagar para garantizar que el agua que recibe sea segura.Agustín del Castillo planteó que la crisis del agua es, en buena medida, una crisis de información. Existe, dijo, una contradicción entre la planeación urbana y sus resultados: periferias cada vez más extensas. La planeación, señaló, no ha advertido adecuadamente los costos de este crecimiento. Se construyen fraccionamientos en la periferia, se generan problemas de infraestructura y servicios y, posteriormente, la ciudad tiene que hacerse cargo de las consecuencias. El resultado es una expansión urbana que obliga a miles de personas a vivir lejos de los lugares donde existen empleos y mejores servicios.Hugo puso el acento en varios problemas concretos: la sobreexplotación de los acuíferos, las fugas de agua y la necesidad de establecer una tarifa adecuada que considere incluso el cobro de las tomas clandestinas. También señaló la importancia de avanzar en el reciclaje del agua y de incorporar de manera más estratégica el agua subterránea como parte de la solución.María planteó la necesidad de ciudadanizar el agua. Al respecto, Hugo propuso avanzar hacia una reforma legal que garantice que la Junta de Gobierno del SIAPA sea mayoritariamente ciudadana y esté integrada por especialistas. Esta instancia, planteó, debería elegir al director del organismo mediante un concurso de oposición, con el objetivo de que llegue una persona independiente y con capacidad técnica. Además, el periodo de gestión debería evitar coincidir con los ciclos de las autoridades electas, para favorecer una política de largo plazo.Agustín coincidió en la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura, pero añadió que la sociedad debe aprender a utilizar el agua de manera mucho más eficiente y avanzar en el tratamiento y reciclaje del agua contaminada. María puntualizó que las autoridades necesitan de la sociedad para resolver el problema. Es necesario abrir espacios de diálogo con empresarios, académicos, trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanos.Al final del foro quedó una idea compartida: el problema del agua exige dejar de pensar en respuestas inmediatas y comenzar a construir una política de largo plazo. Los participantes plantearon la necesidad de un plan integral y ambicioso, con una visión de al menos 50 años, capaz de incorporar las distintas dimensiones del problema: infraestructura, gestión, tarifas, subsidios, tratamiento y reutilización del agua, protección de los acuíferos, crecimiento urbano, salud pública y participación ciudadana.El objetivo, concluyó Agustín, debería ser tan sencillo como ambicioso: que el agua que sale del grifo pueda beberse en Guadalajara, independientemente de si se vive en una zona rica o pobre de la ciudad. La discusión, sin embargo, dejó también una advertencia política: la solución no debe pasar por la privatización del servicio.Eugenio Arriaga Cordero es doctor en estudios urbanos por la Universidad estatal de Portland y académico de la Esarq.
