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Entre lo piadoso y lo mafioso

Una carta del sacerdote José Dolores Aguayo, amistosamente llamado el padre Lolo, a la jueza Howell que lleva la causa de Rubén Oseguera González, (“El Menchito”) en Washington DC, generó una discusión sobre el papel de la Iglesia Católica en la relación con el crimen organizado.

El padre Lolo escribió al menos dos cartas a la jueza recomendando a la familia Oseguera González, la primera en defensa de Jéssica Johana; la última el 25 de enero pasado, abogando por Rubén, en la que, después de presentarse como director espiritual del inculpado, argumenta: 

“Él proviene de una familia muy católica practicante. Ha reflexionado mucho sobre su futuro, ha leído la Sagrada Escritura. Cuando algún texto toca su corazón, compartimos sobre el mismo… A pesar de los errores que pudiera haber cometido, es un hombre que ha sido tocado por la misericordia de Dios”. 

La intervención del padre Lolo vuelve a poner sobre la mesa la relación del crimen organizado con las iglesias. Poco ayudó que en la respuesta del Arzobispado, argumenten que se trata de un asunto pastoral, pues claramente una cosa es el acompañamiento espiritual de cualquier preso y otra es interceder por él en un juicio, en una clara confusión entre los asuntos de Dios y los del César, para ponerlo en palabras bíblicas.

Al intervenir en el juicio, el padre Aguayo se echó solito de cabeza, lo que obliga a preguntar si eso hace este sacerdote con todos los presos de su comunidad o si hay una relación particular y económica con esta familia. No es el primero ni el único caso. El padre Gerardo Montaño, en Tijuana, falsificó un acta de bautizo para darle una coartada a los Arellano Félix y exculparlos de la balacera en la que resultó asesinado el cardenal Posadas. El mismo Nuncio Girolamo Priggione recibió y protegió a los Arellano en la Nunciatura. Vino después aquella célebre declaración del obispo Ramón Godínez, cuando estaba en la diócesis de Aguascalientes, de que el dinero de los narcos se purificaba si se donaba con buena intención, y que no correspondía a la iglesia investigar el origen de los recursos, sino la intención del donante. Existe una amplia discusión en la Iglesia Católica en todo el mundo sobre cómo tratar su relación con las mafias. Por un lado, es evidente que el crimen organizado atraviesa familias y comunidades, por lo que resulta imposible o ilusorio pensar que los curas y párrocos son ajenos a la realidad de sus fieles: los criminales son hijos, hermanos y nietos de gente común, creyentes, practicantes y pecadores estándar.  Por el otro, es evidente que los miembros del crimen organizado utilizan a la iglesia para lavar su imagen a través de donativos y congraciarse con la comunidad. Esa es parte de sus estrategias de penetración social.

No hay que confundir lo piadoso con lo mafioso. En aras de la transparencia y la credibilidad, el padre Lolo está obligado a dejar de hacerle al tío Lolo y declarar si recibió donativos de la familia Oseguera, o si se trató solo de una desinteresada y convencida acción pastoral falta de prudencia y sensatez, y la Iglesia Católica a definir, o al menos a discutir y problematizar, los límites éticos de su pastoral.

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