Desaparecidos: negación y falsos debates
Las madres buscadoras regresaron al rancho Izaguirre. Lo que encontraron fueron más evidencias de que efectivamente ahí fueron asesinadas varias personas (no pollos). Fue un lugar de entrenamiento y exterminio, a pensar de lo que los Gobiernos estatal y federal quieran seguir en la negación.
Tanto el informe de la ONU (ya les explicaron a los negacionistas de la CNDH y Gobernación por qué un informe que encarga la ONU y firma un organismo de la ONU sí es de la ONU) como la base de datos rasurada de la Secretaría de Gobernación han desatado polémicas absurdas que no son sino falsos debates.
Que una base de datos esté mal llenada o que existan registros a los que les faltan datos no demuestra que la persona no esté efectivamente desaparecida, lo único que prueba es la ineficacia de la burocracia y los organismos de procuración de justicia de este país. El que recientemente hayan aparecido personas en cárceles y que no hubiera registro de ello lo que demuestra es que tenemos instituciones que en el mejor de los casos son ineficiente y están pauperizadas, cuando no tomadas por el crimen organizado.
Que existan registros de “actividad” de alguna tarjeta bancaria o trámite con el IFE de una persona desaparecida en un país donde el fraude y el robo de identidad son delitos al alza, no significa que la persona desaparecida esté viva.
Lo único que prueba es que sus tarjetas y su identidad están siendo usadas por ellos mismos o por alguien más. En todo caso eso no es prueba de vida.
Que sean las autoridades quienes promuevan este debate solo puede tener dos explicaciones: o buscan crear una nube de humo alrededor del fenómeno criminal más crítico del país en los últimos diez años, o bien se trata de una política de manipulación de cifras que es, en el mejor de los casos, una canallada para con los familiares.
Para resolver un problema lo que tenemos que hacer es reconocerlo como tal: nombrarlo y definirlo, para luego tratar de entenderlo, diagnosticarlo y a partir de ello crear políticas públicas y asignar presupuesto. Hoy, diez años después de que el crimen organizado dio claras muestras de que ese era su nuevo modus operandi criminal, los gobiernos siguen negados a reconocerlo.
En esta década se ha generado mucho conocimiento sobre el fenómeno y seguramente también muchos datos incorrectos. Lo que no podemos ni el gobierno ni la sociedad es seguir debatiendo sobre si el fenómeno de la desaparición es o no un delito de lesa humanidad, menos aún si el apoyo de la ONU mancha nuestra impoluta soberanía.